ACNUR elogia la actuación del Gobierno ugandés y su política de puertas abiertas hacia los refugiados
MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -
Las autoridades de Uganda están investigando a cuatro altos cargos, incluido el máximo responsable en materia de refugiados, por haber presuntamente inflado las listas de refugiados que acoge el país y haber robado parte de la ayuda destinada a estos.
Según informa el diario local 'Daily Monitor', está en marcha un proceso para suspenderles de sus cargos, algo que aún no ha ocurrido, lo cual significa que cobran la mitad de su salario. La suspensión no puede durar más de seis meses antes de que se complete la investigación y se decida si se les reinstaura en su puesto o se adoptan medidas adicionales.
Entre los sujetos a la investigación figura el comisario para refugiados de la oficina del primer ministro, Apollo Kazungu, así como tres responsables destinados en Mbarara, en el suroeste de Uganda. En concreto, se les acusa de haber elaborado registros para el reparto de alimentos y dinero que incluía a refugiados "fantasma".
Estos listados eran entregados al Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), que se los pasaba a su vez al Programa Mundial de Alimentos (PMA). La agencia de la ONU las compartía a continuación con su contraparte para la distribución de la ayuda en el lugar, Samaritan Purse. Esta ONG entregaba entonces la ayuda en los campos de refugiados, parte de la cual quedaba en manos de los funcionarios y en último término se vendía en el mercado normal.
En cuanto a las transferencias monetarias, según 'Daily Monitor', se abrían cuentas bancarias con nombres de personas que en realidad no eran refugiados y el dinero, una vez transferido por las agencias de la ONU, terminaba en los bolsillos de los funcionarios de la oficina del primer ministro.
Según las fuentes consultadas por el diario, la Policía ugandesa ha estado recabando pruebas y documentos en los últimos días así como testimonios. Los funcionarios se enfrentarían a cargos por fraude por alterar las listas, así como por cobrar sobornos a refugiados a cambio de ser registrados.
Igualmente, se está investigando si becas escolares para refugiados terminaban destinadas a ugandeses y si habrían cometido tráfico de niñas y mujeres para casarlas a la fuerza tras el pago de un soborno a los oficiales en los pasos fronterizos.
El secretario de Estado para Asistencia y Preparación ante Desastres, Musa Ecweru, ha considerado que las denuncias amenazan la generosa política que Uganda mantiene hacia los refugiados. En declaraciones a 'The Guardian', ha confirmado que estos funcionarios "exageraban las cifras y pasaban esas cifras exageradas a ACNUR, que se las pasaba al PMA, creando un problema".
"Habrá investigaciones exhaustivas. Hemos pedido a los funcionarios que primero se echen a un lado para que las investigaciones sean independientes, imparciales y no interfieran en ellas", ha añadido.
ACNUR CELEBRA LA RESPUESTA DEL GOBIERNO
ACNUR ha dado la bienvenida a las medidas adoptadas por el Gobierno ugandés. "ACNUR se toma muy en serio todas las denuncias de corrupción, fraude y conducta indebida", ha asegurado el director de la oficina regional para África, Valentin Tapsoba. "La conducta fraudulenta o deshonesta por parte de los implicados en la respuesta para los refugiados provoca un gran daño a las personas que cuidamos y mina la confianza de la población y de los donantes", ha advertido.
Tapsoba también ha considerado que lo ocurrido va en detrimento de las "políticas modelo de Uganda, un país que acoge a más de un millón de refugiados" con su política de fronteras abiertas y que permite a los refugiados gozar de derechos similares a los de sus ciudadanos.
En este sentido, ACNUR ha puesto al servicio del Gobierno ugandés, hasta ahora encargado de registrar a los refugiados, su propio sistema con el fin de verificar la población de refugiados en el país además de revisar todas operaciones con el fin de reducir cualquier práctica de corrupción al máximo.
"La prioridad de ACNUR es proteger a los refugiados y garantizar que los recursos aportados por los gobiernos y los donantes son gestionados de forma responsable, con plena rendición de cuentas", ha asegurado Tapsoba, que ha pedido que no se extienda al conjunto de trabajadores los actos de algunas personas.
