Iohannis tilda de "inapropiada" la petición del ministro de Justicia de Rumanía de cesar al fiscal general

Klaus Iohannis
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Actualizado: jueves, 25 octubre 2018 20:14

MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Rumanía, Klaus Iohannis, ha tildado este jueves de "inapropiada" la petición del ministro de Justicia de Rumanía, Tudorel Toader, que ha anunciado este miércoles el inicio de los procedimientos formales para el cese del fiscal general del país, Augustin Lazar, al que ha acusado de exceder sus competencias.

Iohannis ha resaltado que la petición de Toader "probablemente generará desconfianza en el sistema y preocupación entre los socios europeos", según ha informado la agencia rumana de noticias Agerpres.

Asimismo, ha expresado su "reconocimiento" por el trabajo de Lazar y ha recalcado que "la manera en la que el ministro presentó públicamente el informe (con la petición del cese del fiscal general) es tendenciosa y sugiere su intención de subordinar políticamente a los fiscales".

El mandatario ha pedido por ello a los magistrados que "no pierdan su confianza en la capacidad de la sociedad rumana a hacer frente a este nuevo asalto contra el Estado de Derecho".

"Una vez más, hay un intento de respaldar la idea de que los fiscales son los enemigos de la sociedad", ha manifestado, al tiempo que ha destacado que "los fiscales tienen un papel esencial".

"El Estado rumano tiene la obligación de proteger el Estado de Derecho y los derechos y libertades de sus ciudadanos, y esto no puede lograrse sin una fiscalía independiente y eficiente", ha zanjado.

Lazar, que ha sido una de las caras más visibles de la campaña anticorrupción en el país, ha criticado los intentos de Toader de cesarle. "Esta es la forma en la que el Ejecutivo, la forma en la que el ministro de Justicia, demuestra su comprensión sobre el respeto a la independencia de los fiscales", ha sostenido.

EL CESE DE LA FISCAL JEFE ANTICORRUPCIÓN

El presidente firmó en julio un decreto para cesar a la fiscal jefe de la Dirección Nacional Anticorrupción (DNA), Laura Codruta Kovesi, cuyo cese fue reclamado igualmente por Toader.

El ministro de Justicia reclamó en febrero el cese de Kovesi argumentando que había excedido sus competencias y dañado la imagen internacional del país.

Iohannis rechazó la petición de Toader, lo que llevó al Gobierno a acudir al Tribunal Constitucional para que se pronunciara sobre el caso, que ha derivado en un conflicto institucional. Finalmente, el Constitucional falló a finales de mayo a favor de Toader y reclamó al mandatario que cesara a la fiscal jefe de la DNA.

La DNA ha investigado a ministros, parlamentarios, magistrados, alcaldes y empresarios y ha desvelado numerosos casos de corrupción, fraude, abuso de poder y conflicto de intereses.

En los últimos meses, miles de rumanos se han manifestado en la capital, Bucarest, y otras ciudades del país para protestar contra el Ejecutivo del Partido Socialdemócrata y sus intentos de impulsar una reforma que minaría la independencia del sistema judicial.

RECHAZADA LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL

Los socialdemócratas y su compañero de coalición, el partido ALDE, han utilizado su mayoría parlamentaria para impulsar una remodelación a gran escala del sistema judicial en Rumanía a pesar de las críticas recibidas por parte de la Comisión Europea, Estados Unidos, cientos de magistrados rumanos y del propio presidente del país.

Los intentos por parte del Gobierno de legalizar varios delitos de corrupción a través de decretos presidenciales de emergencia durante diciembre del año pasado ya motivaron las mayores protestas vistas en el país en décadas.

Los parlamentarios también han llegado a proponer una reforma del Código Penal que acabaría con algunos delitos y supondría penas más bajas para los cargos relacionados con la corrupción.

Esta propuesta ha sido rechazada este mismo jueves por el Tribunal Constitucional, que ha enviado los borradores de vuelta al Parlamento, tal y como ha recogido la agencia británica de noticias Reuters.

La Comisión Europea advirtió en enero a Rumanía por la falta de progresos para garantizar la independencia judicial en el país y para adoptar las reformas recomendadas por Bruselas hace más de dos meses, cuando publicó su último informe sobre esta cuestión.

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