WASHINGTON, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -
Los fiscales estadounidenses han enviado cartas de citación extrajudiciales a seis guardias de seguridad de la contratista privada estadounidense Blackwater en lo que podría ser el preludio de una acusación formal contra la compañía estadounidense por su presunta implicación en el asesinato de 17 civiles iraquíes en un tiroteo ocurrido en Bagdad el pasado mes de septiembre.
Estas cartas no tienen que ser confundidas con una citación formal ante un jurado. Las denominadas "target letters" son enviadas para que sus receptores tengan la oportunidad de declarar su versión de los hechos por voluntad propia, pero suelen ser un preludio de una "subpoena" o llamamiento a declarar ante el tribunal, militar en este hipotético caso, mientras los fiscales siguen buscando pruebas para sustentar lo que sería una acusación sin precedentes desde el inicio del conflicto.
El incidente por el que se cita a los seis miembros de Blackwater tuvo lugar en la plaza Nisoon de Bagdad, donde se bajaron del convoy en el que viajaban y comenzaron a detener el tráfico. A partir de ahí, los informes son confusos. Minutos después de detenerse, estallaba un tiroteo que causaba la muerte de casi 20 civiles.
Según Blackwater, sus fuerzas abrieron fuego en defensa propia. No obstante, una investigación ofical iraquí reflejó en sus conclusiones que los únicos disparos realizados durante el incidente fueron los realizados por los efectivos de la compañía de seguridad privada.
Ahora, según fuentes consultadas por el diario 'The Washington Post', se especula con la posibilidad de que los miembros de Blackwater pudieran ser finalmente acusados el próximo mes de octubre, bajo la Ley de Jurisdicción Extraterritorial ante un tribunal militar.
Casi un año después del incidente, la compañía mantiene que sus empleados respondieron abriendo fuego contra "una amenaza hostil", pero que si se determinara que un individuo actuó inadecuadamente, "Blackwater haría personalmente responsable a esa persona", declaró la portavoz Anne E. Tyrell.
Los contratistas han permanecido, hasta ahora, impunes ante cualquier delito del que se les acuse por la ley iraquí. La matanza de Nisoor provocó la condena unánime de la opinión pública y del Ejecutivo dirigido por el primer ministro iraquí, Nuri Al Maliki que ha insistido en la creación de un nuevo acuerdo de seguridad bilateral por el que los miembros de la seguridad privada puedan responder ante la justicia de Irak.
