GINEBRA, 17 Feb. (Reuters/EP) -
Irán se ha negado a liberar a presos políticos y a aceptar que se lleve a cabo una investigación internacional sobre los incidentes violentos que se produjeron en las protestas contra el resultado de las elecciones presidenciales del pasado junio, según un informe de la ONU.
Además, la República Islámica se ha negado a prohibir la pena de muerte y ha dicho que no tipificará como delito la tortura, indica el informe, que versa sobre una discusión que se mantuvo este lunes en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre la situación de los Derechos Humanos en Irán.
En la discusión, enmarcada en el proceso de Revisión Universal Permanente al que se someten todos los miembros de la ONU cada cuatro años, Irán aseguró que muchas recomendaciones --entre ellas, una de Chile, que ha pedido que se garanticen los derechos políticos y civiles de todos los iraníes, incluidos los disidentes-- ya se están aplicando.
En el informe, aprobado por el Consejo de Derechos Humanos --formado por 47 países miembros--, Irán afirma que es una democracia abierta y un Estado de Derecho, se compromete a cumplir plenamente los tratados internacionales sobre derechos y dice que la tortura está eliminada en el país. El Consejo también ha recibido la promesa de que Teherán va a garantizar la libertad de credo y la de expresión y el derecho a manifestarse pacíficamente.
Muchos activistas y ONG no están a favor del sistema de la Revisión Universal Permanente por considerar que permite a los países rechazar fácilmente críticas que se les hacen sobre cuestiones específicas y hacer promesas vagas sobre lo que van a hacer en el futuro. Un diplomático europeo opinó desde el anonimato que lo que cuentan son los resultados. "Ya hemos escuchado promesas como éstas, pero no han sido seguidas por acciones", añadió.
Aunque Irán ha aceptado la recomendación de Países Bajos de "tomar medidas para asegurarse de que no se aplica la tortura ni ningún otro castigo o trato cruel, inhumano o degradante", ha rechazado la que le había hecho España para que firmase la Convención de la ONU contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles.
También se ha negado a aceptar una propuesta de Estados Unidos para que permitiese que el relator especial de Naciones Unidas para la tortura, Manfred Nowak, visite Irán y tenga acceso a los centros de detención, si bien a accedido a una visita de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Navi Pillay, el próximo año.
La República Islámica ha señalado que los medios de comunicación iraníes son libres y que el Estado no bloquea el acceso a Internet. Sin embargo, no ha querido asumir la recomendación de "poner fin a las estrictas restricciones a la libertad de expresión" y al acoso que sufren los periodistas.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU no dispone de mecanismos para obligar al cumplimiento de las promesas que hacen los países durante el proceso de Revisión Universal Permanente, aunque se espera que luego informen de las acciones que han emprendido.
