MILAN, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno italiano podría presentar un recurso ante el Tribunal Europeo de Justicia (TUE) en caso de que no considere satisfactoria la decisión de la Comisión Europea acerca del decreto en el que se obstaculiza la fusión entre Abertis y Autostrade, anunció hoy el ministro de Infraestructura del país, Antonio di Pietro, citado por el diario 'il Giornale'.
Bruselas ya ha abierto un expediente al Gobierno italiano sobre este asunto al emitir una carta de emplazamiento, la primera etapa de un procediemiento de infracción. El Gobierno italiano deberá responder antes de finales de enero al dictamen si quiere evitar que el caso llegue a los tribunales.
El ministro italiano dijo actuar conforme a los principios de la libertad de mercado y merecer incluso el reconocimiento de Abertis. La compañía española "debe estarme agradecida porque así sabe lo que compra", afirmó.
Di Pietro insistió en que seguirá intentando demostrar al Ejecutivo comunitaria la conveniencia de las medidas adoptadas por el Gobierno italiano. "No se me puede impedir que me haga cargo de los asuntos de rutina porque se trata de una fusión en marcha", añadió.
El ministro mantuvo su defensa del controvertido decreto, por el que la Comisión expedientó a Italia a mediados de noviembre. Bruselas consideró que el texto plantea restricciones injustificadas a la libre circulación de capitales y el derecho de establecimiento, lo que obstaculiza la fusión entre Abertis y Autostrade.
En particular, el Ejecutivo comunitario considera que el decreto de concesiones no aclara cuáles son sus objetivos políticos y permite tomar medidas sin justificarlas, a la vez que introduce demasiada incertidumbre sobre las condiciones de renovación, lo cual puede desanimar a los inversores.
Además, la norma recoge la amenaza de retirar las concesiones existentes si no hay un acuerdo entre las autoridades italianas y los concesionarios. En todo caso, Bruselas se congratula de que el Gobierno de Roma se haya mostrado dispuesta a eliminar la limitación al 5% de los derechos de voto de las constructoras que participan en la gestión.
