ROMA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -
Unos 47 millones de italianos están llamados a decidir hoy y pasado en un referéndum la aceptación o no de la ley aprobada por el antiguo Gobierno de Berlusconi y que introduciría una radical reforma de la segunda parte de la Constitución, con el cambio de 54 de sus 139 artículos.
La Ley se basa sobre todo en una introducción del federalismo en el país, con la concesión de competencias en materia de seguridad (policías locales), educación y sanidad. Pero además cambia el funcionamiento del Parlamento, con la creación de un Senado regional, y da mayor poder al presidente del Gobierno, disminuyendo las competencias del jefe del Estado.
La reforma, fuertemente ansiada por el grupo separatista de la Liga Norte, es apoyada por la coalición de centro derecha que pide que los electores voten 'sí' a la aprobación de la ley que modernizaría el Estado, mientras que la ahora mayoría gubernamental de centro izquierda la considera un "caos" y un peligro para el funcionamiento de las instituciones y pide que se vote 'no'.
Al referéndum se ha llegado debido a que, como cualquier reforma constitucional, para ser aprobada definitivamente tiene que recibir el apoyo de al menos dos tercios del Parlamento, algo que no ocurrió ya que el centro izquierda no le dio luz verde. De esta manera, la palabra pasa a los italianos, que con un referéndum derogatorio y en el que no se necesitará ningún quorum, tendrán que decidir el futuro de la Constitución.
MÁS PODERES PARA EL PRIMER MINISTRO
Entre los principales puntos que introduce la reforma destaca el aumento de poderes al primer ministro, que sería elegido directamente por los electores. El presidente de la República mantendría sus poderes actuales pero perdería la decisión de autorizar la presentación a las Cámaras de los proyectos de ley del Gobierno, así como el de disolver y formar el Parlamento y el de nombrar al primer ministro.
Mientras, el primer ministro sería más fuerte, pues tendría la decisión de disolver y formar el Parlamento, así como el nombramiento de ministros y no necesitaría el voto de confianza de ambas Cámaras para comenzar a gobernar.
La parte más controvertida es la que trata sobre el federalismo, pues el centro izquierda asegura que causará la división total del país entre el norte y el sur. Con la aprobación de la ley, a las regiones se les atribuirá la competencia sobre la organización de la sanidad y el presupuesto de los hospitales, todo ello con las entradas fiscales regionales.
Asimismo, las regiones se ocuparán de la seguridad con la creación de una Policía local, aunque sobre este punto aún no está clara la gestión financiera y la relación con el resto de las fuerzas del orden. También las regiones se encargarán de la educación y de la organización escolar y la definición de los programas escolásticos de interés regional.
El nuevo Parlamento estaría formado por una Cámara de los Diputados, con 518 diputados y un Senado federal formado por 252 representantes de las regiones. Además, se eliminarían los senadores vitalicios (ahora son 10) y sólo habría tres diputados vitalicios nombrados por el presidente de la República.
De esta manera cambia el modo de aprobación de las leyes, que serían examinadas sólo en el Congreso si son relativas a materia del Estado, aunque el Senado puede pedir el examen si están de acuerdo dos quintos de los senadores. Mientras, la Cámara Alta se ocupará de las leyes relativas a las regiones, pero también de leyes como los presupuestos del Estado.
También sufriría cambios la Corte Constitucional, cuyos 15 miembros que ahora son elegidos -cinco por el jefe del Estado, cinco por el Parlamento y cinco por la magistratura- pasarían a ser elegidos tres por la Cámara, cuatro por el Senado, cuatro por el presidente de la República y cuatro por la magistratura.
Si es aprobada con el referéndum, La ley, entrará en vigor a partir de la próxima legislatura, pero sólo desde el año 2011 se actuaría la parte sobre la reforma del Parlamento y la creación del Senado federal.
