MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -
Zheng Yanxiong, el jefe de la Oficina para la Salvaguardia de la Seguridad Nacional del Gobierno chino en Hong Kong, creada en virtud de la polémica Ley de Seguridad Nacional de Pekín, ha prometido este miércoles que sus agentes no violarán los derechos de los ciudadanos.
Así se ha expresado durante la inauguración de la oficina, donde también ha defendido que la ley se ha promulgado "para el bienestar de la gente". "Cumpliremos con nuestras responsabilidades y ejerceremos nuestro poder para defender la seguridad nacional firmemente de acuerdo con la ley", ha agregado, según ha informado el diario local 'South China Morning Post'.
Por su parte, el director de la Oficina de Enlace del Gobierno de China en Hong Kong, Luo Huining, ha calificado a la nueva oficina de "guardián de la seguridad nacional" en el territorio y también ha insistido en que cumplirá con las leyes locales y no violará los derechos legales de las personas o de las organizaciones.
La líder del Gobierno hongkonés, Carrie Lam, también ha acudido a la inauguración de la oficina de la China continental, que tiene el objetivo de hacer cumplir la seguridad nacional y podrá llevar a cabo sus propias investigaciones.
"La Oficina para la Salvaguardia de la Seguridad Nacional analizará, estudiará y llegará a una conclusión sobre la situación de la seguridad nacional en Hong Kong", ha explicado, al tiempo que ha asegurado que "proporcionará asesoramiento y sugerencias sobre las principales estrategias y políticas relacionadas con la defensa de la seguridad nacional".
Según Lam, Hong Kong necesita aprender cómo funciona la ley, así que ha asegurado que habrá desafíos en este contexto. Por ello, ha informado de que Luo ha sido nombrado asesor de seguridad nacional del Comité de Salvaguardia de la Seguridad Nacional.
La nueva oficina, que operará junto a la Oficina del Comisionado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Hong Kong y el Gobierno local, deberá adoptar medidas para "fortalecer la gestión" de las organizaciones no gubernamentales y las agencias de noticias extranjeras, según la norma.
Por otra parte, la información sobre el funcionamiento de la oficina de seguridad nacional no se divulgará y sus decisiones no están sujetas a ninguna revisión judicial. Todos los departamentos de la Administración hongkonesa deben cooperar con el nuevo organismo y rendir cuentas.
En líneas generales, la nueva Ley de Seguridad Nacional implica que el Gobierno de Pekín ejercerá su jurisdicción sobre casos "complicados" de Hong Kong, como los relacionados con injerencias extranjeras, cuando las autoridades locales no puedan hacer cumplir la ley o cuando la seguridad nacional del territorio esté bajo amenazas "graves o realistas".
La norma, ampliamente criticada en la comunidad internacional, enumera cuatro categorías de delitos: secesión, subversión, terrorismo y colusión con un país extranjero o elementos externos para poner en peligro la seguridad nacional. La pena máxima para cada delito es la cadena perpetua aunque la sentencia sugerida para algunos delitos menores es de tres años de prisión.
