MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Justicia Especial para la Paz (JEP) ha reclamado este jueves a 31 antiguos altos cargos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que presente un "informe individual y personal" sobre sus procesos de reintegración en la vida civil.
La JEP ha señalado en su comunicado que "los comparecientes deben reiterar su compromiso con el proceso de paz, describir detalladamente las actividades que han desarrollado en el marco de su reintegración a la vida civil y relatar si han realizado labores humanitarias relativas a la ubicación de restos".
Así, la presidenta del organismo, Patricia Linares, ha recalcado que "respecto al cumplimiento de los compromisos asumidos por los comparecientes que hicieron parte de las FARC, la verificación de los mismos le corresponde a varias entidades del Estado".
"A la JEP, que es un órgano judicial, le corresponden los asuntos propios de sede judicial, centrados en torno a los compromisos con la verdad plena, la no repetición y la reparación integral de las víctimas", ha sostenido. Los comparecientes están vinculados al caso 001 (retenciones ilegales por parte de las FARC).
Entre los antiguos líderes de las FARC a los que se les ha formulado este requerimiento figuran Rodrigo Londoño, Pastor Alape, Pablo Catatumbo, Julián Gallo, Iván Luciano, y Seuxis Paucias, alias 'Jesús Santrich'.
El Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos firmó en 2016 un acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para poner fin a un conflicto armado de más de medio siglo que ha dejado unos 260.000 muertos.
Bajo los términos del acuerdo, unos 12.000 integrantes del grupo rebelde, incluidos más de 6.000 excombatientes, abandonaron las armas y conformaron el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común como parte de su reintegración a la sociedad.
A los excombatientes se les ha otorgado amnistía y ayuda financiera en virtud del acuerdo, pero se espera que los excomandantes sean juzgados en la JEP por presuntos crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos, por lo que deberían cumplir condenas alternativas si son declarados culpables.
El presidente, Iván Duque, que en campaña prometió hacer cambios al acuerdo para exigir que los excomandantes rebeldes responsables de crímenes de guerra respondan primero ante la justicia antes de ocupar cargos políticos, ha establecido en varias ocasiones que si se comprueban incumplimientos se deben imponer sanciones ejemplares.
