MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -
Jessica Cisneros y Yerling Aguilera son dos jóvenes activistas nicaragüenses que están emprendiendo una serie de reuniones en las instituciones de gobierno españolas, comenzando por el Congreso de los Diputados, para pedir consenso en busca del fin de la violencia política en su país, donde 170 personas han perdido la vida por los enfrentamientos entre las fuerzas afines al mandatario, Daniel Ortega, y manifestantes armados y exaltados por las recientes reformas económicas de su Gobierno.
La más discutida de todas es la de la Seguridad Social, por la que trabajadores, empresarios y jubilados deberán incrementar su contribución al Estado, en uno de los países más pobres del mundo. Comenzaron así ocho semanas de protestas, caracterizadas por una violentísima represión policial condenada por varias organizaciones internacionales, mientras la oposición exige la renuncia inmediata de un mandatario al que acusan de traicionar los ideales básicos del movimiento revolucionario sandinista que representa, de instaurar una dictadura familiar, y de socavar la democracia.
Para Cisneros, representante de movimientos juveniles en Nicaragua, "las negligencias del Gobierno no datan de ahora. Datan de hace 11 años que están en el poder", y la reforma de la Seguridad Social es la gota que ha colmado el vaso.
"Hay que entender que el Gobierno ha usado la Seguridad Social como 'caja chica'", explica Cisneros en declaraciones a Europa Press. "(Ortega) Ha usado ese dinero para beneficio propio", según la activista, testigo de primera mano de la violencia de los enfrentamientos, especialemente en las universidades del país.
"Y se centran en las universidades por puro hartazgo institucional", apunta. "A lo largo de once años de poder, la autonomía universitaria se ha perdido a través de un brazo del Gobierno como es la Unidad Nacional de Estudiantes Nicaragüenses. Se junta todo. Campesinos, movimientos feministas, todo colapsa en un solo momento. Porque los espacios de participación están cerrados, y porque no hubo proceso de consulta con la población para hacer estas reformas", explica.
Cisneros y otros activistas no solo han criticado la actuación de la Policía Nacional nicaragüense sino que también denuncian la presencia de grupos "parapoliciales", los cuales, especula "parecen ser ex policías y ex militares que están de acuerdo con los ideales del Gobierno". El objetivo ahora "es tratar de salvaguardarnos y pensar que tienes que resguardar tu vida porque el Gobierno no te está salvaguardando este derecho fundamental".
LA DERIVA DEL SANDINISMO
Yerling Aguilera, socióloga, considera las protestas como la expresión definitiva de la transformación experimentada por el movimiento revolucionario sandinista. Su expresión política actual, el Frente Sandinista, "ha pasado por varias mutaciones" que han ido cambiando al grupo.
Aguilera lamenta la "política de alianzas" de la que ha echado mano el frente para retornar al poder tras perder las elecciones en los años 90 y que les ha llevado a enlazarse con bloques reaccionarios, llegando incluso a "penalizar el aborto terapéutico".
Y así, el Frente Sandinista "se distancia de las clases que en teoría representaba. Y actualmente, los barrios que se han levantado son clases trabajadoras que el Gobierno mandó reprimir", según la activista.
"Todo bajo el personalismo de Ortega. A través de una política mesiánica, por así decirlo. Ha descuidado la formación ideológica de sus bases, y las ha sustituido por retribuciones materiales", según la socióloga, que también lamenta el estado inerte en el que vive actualmente la formación. "No hay un debate interno en el Frente, no hay un debate serio, político", manifiesta.
Así las cosas, la Caravana por la Paz que ambas representan pide "romper el cerco mediático que se ha instalado en el país" y, sobre todo, una "vía de transición pacífica" a través de la salida de Ortega. Salida, no obstante, que primero tiene que ir acompañada "de una democratización institucional, y el saneamiento de las instituciones, todo ello antes de celebrar elecciones".
Piden por último una investigación de la violencia -- como prometió en las últimas horas el Gobierno nicaragüense antes de un rebrote de la violencia que dejó otros ocho muertos ayer sábado --. "En el campo internacional nos hemos centrado en que se investigue por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y sobre todo intentamos crear un escenario para que puedan trabajar de forma óptima", concluye Aguilera.
