WASHINGTON, 19 Dic. (Reuters/EP) -
Un juez de Estados Unidos ha ordenado este miércoles suspender la aplicación de las políticas del Gobierno del presidente, Donald Trump, dirigidas a restringir las solicitudes de asilo de personas que aseguran ser víctimas de pandillas o de violencia doméstica en sus países de origen.
Asimismo ha ordenado al Gobierno que lleve de vuelta a Estados Unidos a seis inmigrantes que fueron deportados para que sus casos sean reconsiderados.
El fallo constituye el último revés legal para las medidas antiinmigración del Gobierno del país norteamericano. El mes pasado, un juez en San Francisco ordenó el cese de una política que impedía la solicitud de asilo a quienes ingresaban de manera irregular desde México.
La normativa que está en el centro de la decisión de este miércoles buscaba limitar la posibilidad de que los inmigrantes luchen contra una deportación expedita al reducir los motivos para reclamar "miedo creíble" si regresan a casa, el primer paso en un largo proceso de asilo.
La política fue cuestionada en una demanda del Distrito de Columbia presentada por una docena de adultos y niños que estuvieron representados por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y el Centro de Estudios de Género y Refugiados.
El juez estadounidense Emmet Sullivan ha sostenido que la medida violaba tanto la ley de inmigración como la administrativa. "Y debido a que es la voluntad del Congreso, no los caprichos del Ejecutivo, lo que determina el estándar para la expulsión expedita, el tribunal considera que esas políticas son ilegales", ha recalcado.
En un comunicado, el Departamento de Justicia ha señalado que las políticas del Gobierno buscan cumplir con el requisito del Congreso de que el asilo se limite a aquellos que temen ser perseguidos por su raza, nacionalidad, religión, opinión política o pertenencia en un grupo social.
El propio Departamento de Justicia había presentado una solicitud para suspender las órdenes del tribunal mientras el gobierno apeló la decisión. Sullivan no ha respondido a esa petición.
Jennifer Chang Newell, abogada de la ACLU y el Centro de Estudios de Género y Refugiados, ha recalcado que el fallo allana el camino para que cuatro madres y dos hijos sean devueltos a Estados Unidos.
En los últimos tres meses de 2017, según los datos disponibles más recientes, el Gobierno realizó unas 6.000 entrevistas mensuales de personas que alegan ser víctimas de abusos. La gran mayoría aprobó esas entrevistas, lo que les permitió presentar sus casos de asilo ante un juez de inmigración de Estados Unidos.
