CIUDAD DE MÉXICO, 13 Ago. (Reuters/EP) -
Un juez mexicano ha ordenado a la Fiscalía General que lleve a cabo nuevas investigaciones para ayudar a esclarecer la supuesta ejecución arbitraria de 22 presuntos delincuentes cometida por militares en 2014, según ha informado este domingo un organismo de Derechos Humanos.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro ha afirmado en un comunicado que la sentencia obliga a realizar diversas diligencias que hasta ahora no se han llevado a cabo, pese a que fueron ordenadas por un juez, entre ellas, investigar la cadena de mando relacionada con la orden de abatir a los delincuentes.
"Esta falta de debida diligencia es una de las múltiples formas que toma el inaceptable encubrimiento de graves violaciones a los Derechos Humanos en México", ha aseverado el organismo, que representa a una superviviente de los hechos, en una bodega del municipio de Tlatlaya, en el Estado de México.
El Gobierno de México ha sido criticado por organismos defensores de Derechos Humanos, tanto locales como internacionales, por la actuación de algunos cuerpos de seguridad en su lucha contra el narcotráfico, así como por la colusión de algunos efectivos con el crimen organizado.
Sobre el caso Tlatlaya, las autoridades afirmaron en su momento que los fallecidos pertenecían a bandas de traficantes de droga y que las fuerzas armadas actuaron en defensa propia, pero meses más tarde medios informaron de que había pruebas de que los civiles fueron asesinados cuando ya se habían rendido.
En 2016, un juzgado militar absolvió a seis de los siete soldados presuntamente involucrados en el caso.
