WASHINGTON, 29 Sep. (Reuters/EP) -
Una juez federal ha ordenado al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos que suspendiera un plan que aumentaría el número de personas a las que se puede deportar de manera expedita hasta que un tribunal pueda decidir sobre el asunto.
La demanda, presentada por WeCount! y otros defensores de la migración, pedía a un tribunal de Washington que anulara un plan que permitía que las personas indocumentadas fueran elegibles para la deportación sin supervisión de la corte, a menos que pudieran demostrar que habían estado en el país por más de dos años.
La juez Ketanji Brown Jackson de la corte del distrito de Columbia emitió una orden judicial el viernes, que congela la normativa hasta que pueda ser debidamente procesada por un tribunal, alegando que las personas representadas por grupos que ayudan a los inmigrantes "se verían afectadas irreparablemente por esta acción".
Previamente, sólo los migrantes detenidos dentro de un radio de 161 kilómetros de la frontera y que habían estado en el país dos semanas o menos podían ser deportados rápidamente. La política hacía una excepción para los migrantes que pudiesen demostrar que en sus países de origen eran perseguidos.
Además, este viernes una juez de Estados Unidos bloqueó una reforma anunciada en agosto por la Administración de Donald Trump que permitiría que las familias de migrantes pudieran permanecer detenidas de manera indefinida, alegando que es contradictoria con un acuerdo elaborado en 1997 que limita 'de facto' este tiempo de arresto a un máximo de 20 días en aras del bienestar de los niños.
Este acuerdo --que se firmó a raíz de una denuncia presentada en 1985 en nombre de la migrante salvadoreña de 15 años Jenny L. Flores-- establece la legislación a seguir respecto a la forma de tratar a los menores detenidos y, en la mayoría de los casos, se ordena su inmediata puesta en libertad.
El mandatario norteamericano ha convertido la inmigración en un sello de su presidencia. En este sentido, varios altos cargos de su Administración se han referido en reiteradas ocasiones a los estándares establecidos en el Acuerdo de Flores como "vacíos legales" que atraen a los migrantes al obligar a las autoridades a liberar a aquellas personas que están a la espera de sus audiencias de inmigración.
La nueva regulación habría permitido a la Administración mantener a las familias en centros de detención hasta que se decidieran sus casos, un proceso que puede tardar en resolverse meses e incluso años.
