Austria y Dinamarca lideran las discusiones sobre esta medida con la esperanza de desbloquear la reforma del sistema europeo de asilo
BRUSELAS 6 (EUROPA PRESS)
El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha evitado este miércoles posicionarse sobre una propuesta que ya discuten a nivel bilateral varios países miembros de la UE --impulsada por Austria y Dinamarca-- y que promueve la creación de centros de asilo en países de fuera del territorio comunitario para los migrantes cuya petición de asilo haya sido rechazada en algún Estado miembro.
El luxemburgués ha dicho en rueda de prensa en Bruselas junto al canciller austriaco, Sebastian Kurz, que no se opone directamente a esta medida, y ha alegado que, desde su punto de vista "la defensa contra la inmigración ilegal es un asunto europeo pero también nacional", por lo que cada país miembro tiene margen para tomar decisiones en este sentido. "No me corresponde estar en contra", ha añadido.
Por su parte, el jefe del gobierno austriaco ha confirmado estos planes, anunciados ya este martes por el primer ministro danés: "Sugerimos hace tiempo que tenía sentido ofrecer protección (a los solicitantes de asilo) fuera de la UE" cuando fuera necesario, ha dicho Kurz, pero ha insistido en que éstos "no deben tener la oportunidad" de elegir en qué país registran la petición.
"Cuando la gente viaja ilegalmente a Europa a menudo llegan a través de distintos países y pueden elegir su país preferido para registrar la solicitud de asilo pero ese no debe ser el enfoque correcto", ha afirmado el líder de los conservadores austriacos, que ha apuntado a que las conversaciones entre Austria, Dinamarca y también Alemania y Países Bajos están "avanzadas".
Sin embargo, Kurz ha insistido en desvincular esta idea de las propuestas sobre gestión de la migración a nivel europeo que su Gobierno ha planteado en los últimos meses, ya que Austria asumirá la presidencia rotatoria del Consejo de la UE --actualmente en manos de Bulgaria-- el próximo julio, con el reto de desbloquear las discusiones de los gobiernos sobre la reforma del sistema común de asilo.
"Ciertamente no es un proyecto de la presidencia austriaca, es una iniciativa nacional que compartimos con Dinamarca y otros Estados miembros", ha dicho el canciller, que ha recordado que Austria seguirá trabajando en el asunto migratorio, en el caso de que no se llegue a un acuerdo en la próxima cumbre europea de junio sobre la reforma del conocido como reglamento de Dublín, que establece las responsabilidades de los países en la gestión de las solicitudes de asilo.
"Habrá discusiones difíciles sobre cuotas", ha dicho, pero también "hay consenso sobre otros temas por lo que es una oportunidad que debemos ver, por ejemplo dar a Frontex un mandato político más fuerte y asegurarse de que los flujos migratorios a Europa se reducen", así como evitar más muertes en el Mediterráneo.
Los planes de la futura presidencia austriaca en materia migratoria y de seguridad pasan por reforzar la protección de las fronteras exteriores de la UE, y el foco no estará en las polémicas cuotas de reparto de refugiados, a las que numerosos países ponen objeciones.
FALTA DE ACUERDO SOBRE LA REFORMA DEL SISTEMA DE DUBLÍN
Los ministros de Interior de los países miembro de la UE no consiguieron acercar posturas este martes en Luxemburgo sobre la reforma del sistema europeo de asilo y, en concreto, sobre el Reglamento de Dublín, de cara a la próxima cumbre de líderes europeos en junio, para la cual querían llegar a un acuerdo.
La actual presidencia búlgara ha intentado elaborar una propuesta que pueda ser aceptable para las distintas posturas, y establece que las cuotas solo serían obligatorias en casos de emergencias y si las medidas de apoyo financiero y técnico a los países situados en las fronteras exteriores --principalmente Grecia e Italia, también España-- que reciben la gran mayoría de las llegadas, no son suficientes.
No obstante, la propuesta también endurece las obligaciones a las que deben hacer frente los países de la 'primera línea' para el registro de los migrantes. Así, estos serían los responsables de tratar las eventuales solicitudes de asilo durante ocho años, frente a la responsabilidad limitada de entre 18 y 24 meses que establece la legislación actual, algo que no gusta a los países del sur, entre ellos España.
Roma y Atenas, así como la Eurocámara, exigen que la acogida sea compartida entre todos los países de manera permanente y no sólo en períodos de crisis, mientras que París y Berlín defienden una postura parecida a la de la Comisión Europea, y creen que la principal responsabilidad del asilo deben asumirla los países a los que lleguen los migrantes en primer lugar, salvo en periodos de crisis cuando deben establecerse "reubicaciones obligatorias".
