La junta militar tailandesa se otorga el poder de impugnar a políticos

Actualizado: sábado, 4 julio 2015 3:20

BANGKOK, 25 Sep. (Reuters/EP) -

La junta militar tailandesa se ha otorgado este jueves la potestad para impugnar a los cargos políticos, lo que se ha interpretado como un paso para acabar con la influencia del controvertido primer ministro Thaksin Shinawatra.

La decisión de la junta militar es la última medida tomada por el Ejército para reducir el poder de los leales a Thaksin y evitar que los partidos políticos próximos a su figura vuelvan a hacerse con el poder.

"La reunión votó por unanimidad en favor de introducir esta normativa", ha dicho el líder de la Asamblea Nacional Legislativa, Pornpetch Wichitcholachai.

El Ejército se hizo con el poder el pasado 22 de mayo tras meses de disturbios. Los opositores tomaron las calles en noviembre para intentar derrocar a la entonces primera ministra, Yingluck Shinawatra, hermana de Thaksin. La junta, formalmente conocida como Consejo Nacional para la Paz y el Orden, ha reorganizado el servicio civil y las fuerzas policiales, vistas como instituciones leales a Thaksin.

El Ejército expulsó a Thaksin en 2006 y desde entonces ha vivido en un exilio autoimpuesto para evitar dos años de cárcel por corrupción. Tras el golpe de Estado de ese año, el Gobierno, con ayuda del Ejército, rescribió la Constitución para reducir la influencia de Thaksin, aunque no lo logró.

Su hermena Yingluck ganó las elecciones en 2011, respaldada por los votos de las zonas rurales. Yingluck había prometido a los agricultores un programa de ayudas al cultivo de arroz, por el que pagaría precios superiores a los del mercado.

La medida ocasionó perdidas a la economía tailandesa y la Fiscalía Anticorrupción la acusó de negligencia por dejar al país con excedente de arroz. La junta militar obligó a Yingluck a dimitir por abuso de poder tras el golpe de Estado.

Pornpetch ha señalado que un equipo legal estaba estudiando si el caso de Yingluck debía ser enviado a la Asamblea Legislativa Nacional. Si finalmente esto ocurre y resulta culpable, podría permanecer apartada de cualquier cargo político durante cinco años.