BANGKOK, 14 Jul. (Reuters/EP) -
El Gobierno militar de Tailandia ha anunciado este lunes que deportará a los 100.000 refugiados que han vivido durante más de dos décadas en unos diez campamentos cercanos a la frontera con Birmania. Los grupos de Derechos Humanos denuncian que esta actuación creará el caos en la zona ante las tensiones que viven los dos países.
El Ejército derrocó al Gobierno electo en mayo tras meses de violentas protestas. El Consejo para la Paz y el Orden, nombre de la Junta militar, ha dado a conocer una serie de duras medidas que según ellos son necesarias para restaurar el orden y ha prometido devolver la democracia el año que viene.
El portavoz del Ejército tailandés, Veerachon Sukhontapatipak, ha explicado que primero tienen que "verificar la nacionalidad de los que están en los campos". Tras este proceso, "Tailandia y Birmania ayudarán a facilitar" el regreso de los 100.000 refugiados.
El líder de la Junta, el general Prayuth Chan Ocha, dijo el viernes en su discurso semanal televisado que "Tailandia y Birmania facilitarán el regreso seguro a sus casas según los principios de los Derechos Humanos". Sin embargo, las organizaciones que trabajan en la zona no confían en su palabra y acusan a la Junta de "presionar" para lograr la repatriación.
Los refugiados temen las dificultares logísticas y económicas del regreso, así como las luchas esporádicas en algunas partes del norte y el noreste de Birmania. Un voluntario de los campamentos ha explicado que "la situación es muy tensa porque la gente no sabe qué está pasando".
ÉXODO DE INMIGRANTES
Las declaraciones realizadas el mes pasado por una portavoz de la Junta, en las que amenazaba con arrestar y deportar a los trabajadores inmigrantes indocumentados, provocaron la salida de más de 200.000 camboyanos, un componente clave en la mano de obra de la pesca, la construcción y otros sectores.
Tailandia trató de evitar el éxodo con la apertura de centros de servicio para ayudar a buscar trabajo a los inmigrantes. Según las estimaciones, Tailandia acoge a cerca de 2 millones de inmigrantes birmanos sin cualificación que el Gobierno considera una carga.
