BELFAST, 18 Ene. (Reuters/EP) -
Los gobiernos de Reino Unido e Irlanda han advertido a los principales partidos políticos norirlandeses de que tienen solo unas semanas para pactar la formación de un nuevo Gobierno y evitar que Londres asuma el control directo de la región por primera vez en una década.
Irlanda del Norte carece de un Ejecutivo estable desde que el Sinn Féin rompió en enero de 2017 con el Partido Unionista Democrático (DUP). La crisis terminó de agravarse con las elecciones de marzo, tras las cuales las dos formaciones que han gobernado en coalición desde 2007 no han logrado ponerse de acuerdo.
En juego están el cumplimiento de los Acuerdos de Viernes Santo que, en 1998, pusieron fin a tres décadas de conflicto en el Úlster y que las instituciones norirlandesas tengan que ceder todas sus competencias a Londres.
La recién designada ministra británica para Irlanda del Norte, Karen Bradley, y el responsable de Exteriores irlandés, Simon Coveney, han acordado este jueves que el 24 de enero arranque una nueva ronda de conversaciones políticas. Ambos han coincidido en que el el DUP y el Sinn Féin deben acercar posturas en cuestión de semanas, mientras que la líder de los republicanos, Michelle O'Neill, ha asumido que el ultimátum es solo de dos semanas.
"Desde mi designación, me ha quedado claro que hay poco tiempo y que hay una última oportunidad para llegar a un acuerdo", ha advertido Bradley, una de las incorporaciones que introdujo hace diez días la primera ministra de Reino Unido, Theresa May, con su remodelación de Gobierno.
Sin acuerdo, ha añadido Bradley, habrá "una serie de consecuencias políticas que representarán un retroceso significativo a todo lo que se ha hecho desde la firma de los Acuerdos de Viernes Santo". La ministra británica tiene previsto informar al Parlamento de los avances de las negociaciones el próximo 7 de febrero.
Entre los desencuentros que siguen marcando las relaciones entre el DUP y el Sinn Féin figuran el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo, la ampliación de derechos para la población de habla irlandesa y la financiación de investigaciones sobre las muertes vinculadas al conflicto.
