CIUDAD DE MÉXICO, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha firmado este lunes el decreto para la creación de la Comisión de la Verdad por el caso Ayotzinapa para esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes hace ya cuatro años.
"Les aseguro que no habrá impunidad ni en este caso tan triste ni en ningún otro", ha afirmado López Obrador tras firmar el decreto para resolver este "asunto de Estado". Así, ha pedido a lo padres de los 43 normalistas desaparecidos confianza porque podrá actuar libremente porque no le debe nada "a nadie".
El mandatario ha subrayado que habrá protección para los testigos. "La justicia no debilita a las instituciones, las fortalece", ha argumentado.
López Obrador ha firmado el decreto en presencia de los familiares de los desaparecidos y en medio de la enumeración de los 43, símbolo ya de la lucha de las familias.
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ha explicado que será el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, quien se encargará de la atención directa de esta Comisión. Sánchez Cordero ha destacado que con esta medida "se da el primer paso en la construcción del proceso de pacificación y reconciliación del país".
En la comisión participan los padres de los normalistas, representantes de Gobernación y de Hacienda y expertos técnicos que garanticen la independencia del organismo. Así se retomarán las investigaciones y recomendaciones ya realizadas, en particular el del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el alto comisionado de ONU para seguir todas las líneas de investigación subestimadas.
CASO AYOTZINAPA
Los 43 normalistas desaparecieron en la madrugada del 27 de septiembre en el municipio de Iguala a su regreso de una protesta contra las autoridades locales.
La versión oficial es que fueron sorprendidos por la organización criminal Los Rojos, como parte de un ajuste de cuentas entre grupos rivales, y que los sicarios los mataron e incineraron y se deshicieron de sus restos en el basurero de Cocula.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y los forenses argentinos que participaron en las pesquisas han desmontado esta teoría y han apuntado que el suceso podría estar relacionado con el tráfico de drogas en la región. Las autoridades hasta ahora no han investigado esta vía.
