LONDRES, 4 Dic. (EUROPA PRESS/Eva Martínez Millán) -
El Tribunal de Estrasburgo consideró hoy que mantener los registros de ADN de personas a las que no se probó ningún vínculo criminal representa un atentado contra los Derechos Humanos, en respuesta a la querella presentada por dos ciudadanos británicos que denunciaron la conservación de sus datos tras ser descargados de los delitos que les atribuyeron en 2001.
Reino Unido es el único país del Consejo de Europa que retiene oficialmente las muestras de inocentes, por lo que la sentencia podría conllevar la destrucción de parte de las casi cinco millones de muestras de las que, según se calcula, unas 500.000 corresponden a individuos cuyos casos no probaron incriminación en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte, puesto que Escocia ya elimina las muestras una vez cerrados los casos.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinó que, una vez confirmada la aclaración del delito, el mantenimiento en un registro de criminales supone una ruptura del artículo ocho de la Convención de Derechos Humanos, que legisla sobre el respeto a la vida privada y familiar. Así, advirtió de que conservar el material de ADN de aquellos sobre quienes pesa la "presunción de inocencia", por cuanto nunca han sido condenados, agita el "riesgo de estigmatización".
Por ello, el juez censuró la "naturaleza global e indiscriminada" de la retención de los datos y subrayó que la normativa resultaría "inaceptablemente debilitada si el uso de las técnicas de la ciencia moderna en el sistema criminal de justicia permitiera a cualquier coste y sin equilibrar los beneficios de su extensión atacar a los importantes intereses de la vida privada".
SITUACIÓN
Así, al menos 20 miembros de la Unión Europea, incluida España, prevén la recogida de la información de ADN y su almacenamiento en bases de datos nacionales, si bien se trata de un proceso que no es sistemático, como en las islas, sino limitado a unas circunstancias específicas, como la gravedad del delito.
Por el contrario, Reino Unido es el único que permite expresamente la "sistemática e indefinida" retención de los perfiles biológicos, incluso aunque los procesos judiciales fallasen a favor del acusado.
No obstante, la ministra británica de Interior, Jacqui Smith, ya ha advertido de que la ley permanecerá vigente hasta que el Gobierno evalúe la decisión de Estrasburgo, puesto que considera que tanto el ADN como las huellas dactilares son "vitales contra el crimen", al facilitar a la Policía más de 3.500 muestras al mes. Al respeco, el plazo para comunicar al tribunal cómo aplicará la sentencia no concluye hasta marzo.
En consecuencia, Smith expresó su "decepción" por la sentencia del tribunal y defendió la "robusta defensa" que el Ejecutivo británico presentó en el proceso: "Creo fehacientemente que estos registros representan un rol incalculable en la lucha contra el crimen y la posibildad de llevar a los delincuentes ante la justicia".
DENUNCIA PREVIA
En esta línea, la propia Cámara de los Lores, la máxima instancia legal en Reino Unido, ya había descartado que la conservación de este material represente una violación de los Derechos Humanos, a raíz de la denuncia de los dos ciudadanos que, finalmente, han recurrido a Estrasburgo.
Se trata de un hombre de 45 años, Michael Marper, arrestado en marzo de 2001 por un maltrato a su pareja que finalmente fue desestimado y tras el que, de hecho, se produjo la reconciliación; y un joven que actualmente cuenta con 19 años, denominado 'S', detenido con 12 en enero del mismo año por un intento de robo del que posteriormente fue absuelto.
