MADRID, 3 May. (EUROPA PRESS) -
Un total de 20.390 personas tuvieron que abandonar sus hogares a causa de la violencia durante 2017 en México, en el marco de una problemática creciente que ha dejado 329.917 víctimas desde 2006, según un informe conjunto elaborado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF) y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
El año pasado se registraron 25 incidentes de desplazamiento masivo que dejaron 20.390 víctimas en Chihuahua, Guerrero, Sinaloa, Oaxaca y Chiapas. "Ante el temor a que la violencia aumente y las consecuencias sean fatales para sus vidas, se ven forzados a tomar medidas extremas, como escapar y dejarlo todo. De no hacerlo, su vida y la de su familia podrían estar en grave peligro", reza el informe.
Todos los casos obedecen "a la presencia y/o el uso directo de la violencia". "En la mayoría de los incidentes", han indicado las entidades firmantes, "la violencia generada por grupos armados organizados fue la causa directa de los desplazamientos".
No obstante, "llama nuestra atención que conflictos comunitarios antiguos, de origen político y territorial, al no haber sido resueltos en el pasado, resurgieron, se intensificaron y por consiguiente produjeron situaciones de violencia en las que llega a existir presencia de grupos armados, detonando eventos de desplazamiento", han añadido.
Además, uno de los 25 episodios registrados "fue causado por proyectos de desarrollo, particularmente por actividades relacionadas con proyectos extractivos mineros", aunque también se denunció el uso de la violencia.
Las víctimas de los desplazamientos son familias enteras que incluyen grupos especialmente vulnerables como mujeres (60 por ciento) y niños (40 por ciento). Destacan también los miembros de pueblos indígenas (36 por ciento) y líderes sociales.
Los autores del estudio han denunciado "la ausencia de instituciones de seguridad pública efectivas, tanto a nivel municipal, estatal, como federal, que actúen con la debida diligencia para prevenir delitos y, en el caso de que se cometan, investigarlos, procesarlos y acusar a los presuntos responsables".
"En algunos casos, incluso se puede observar la colusión y participación de agentes de Estado en los hechos de violencia generadores de los desplazamientos", han apostillado.
