WASHINGTON, 12 Sep. (Reuters/EP) -
La mayoría de los países miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha lamentado este miércoles el rápido deterioro de la situación en Nicaragua, que atraviesa una ola de protestas antigubernamentales que ha durado cinco meses y ha dejado más de 300 fallecidos, según organismos de Derechos Humanos.
Un plan del presidente, Daniel Ortega, para reducir los beneficios a los pensionados desató las manifestaciones a mediados de abril. El Gobierno se retractó de la medida poco después, pero la "brutal represión" generó más turbulencias por el rechazo al gobierno izquierdista.
A principios de agosto, la OEA acordó la creación de un grupo de trabajo para buscar una solución pacífica a la crisis nicaragüense.
Este miércoles, durante una sesión de su Consejo Permanente, 19 de los 35 países de la organización panamericana han aprobado un proyecto para que el gobierno de Ortega cese la violencia y la violación de los Derechos Humanos, retome el diálogo y adelante las elecciones presidenciales.
"Lamentablemente, la situación sigue deteriorándose a pesar de la creciente condena (...) y de los esfuerzos cínicos del gobierno de Nicaragua para disfrazar la verdad", ha manifestado el representante de Estados Unidos en la OEA, Carlos Trujillo.
"Estados Unidos sigue apoyando la propuesta de elecciones justas y transparentes, elecciones anticipadas (que) son la única vía para la democracia y respeto de los Derechos Humanos en Nicaragua", ha agregado.
Otros países, como Canadá, Chile, Perú y Costa Rica, entre otros, se han hecho eco de los pedidos de Estados Unidos, mientras que Nicaragua, Venezuela y Bolivia los han rechazado argumentando que el país centroamericano es el único que puede decidir sobre sus asuntos internos.
"Nicaragua expresa su más enérgico rechazo (a la sesión de la OEA) y pide que cesen su actitud hostil", ha señalado por su parte el representante alterno de Nicaragua en la OEA, Luis Alvarado, poco antes de asegurar que 198 nicaragüenses han fallecido durante los cinco meses de protestas, entre ellos, 22 policías.
La ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otros organismos internacionales han dicho que, durante las protestas, se han violado los Derechos Humanos y se han producido ejecuciones extrajudiciales por parte de grupos parapoliciales, algo que ha sido negado por Ortega.
El exguerrillero izquierdista que retomó el poder en 2007, ha sido acusado de amañar elecciones, controlar los medios, manipular la justicia y querer instaurar una "dictadura familiar" junto a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.
