Al menos 50 heridos durante protestas en campos de refugiados por la reducción de los servicios de la UNWRA

Actualizado: domingo, 12 enero 2014 13:53

JERUSALÉN, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Al menos 50 personas han resultado heridas por enfrentamientos entre la Policía y residentes de los campos de refugiados de Al Jalazun y Al Amari, en Cisjordania, que protestaban por la ausencia de servicios públicos como consecuencia de la huelga declarada hace ya un mes por los empleados locales de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), que exigen una subida de sueldo.

Las dos carreteras principales hacia los campos, así como la localidad de Surda, en Ramala, se encuentran completamente bloqueadas. Los manifestantes han levantado barricadas de neumáticos en llamas y han arrojado piedras a los agentes. Los incidentes más graves tuvieron lugar en Surda, donde 40 agentes han resultado heridos cuando intentaban despejar la vía, entre ellos el propio jefe de la Policía de Ramala, Omar al Bzouz, según el portavoz de los servicios de seguridad palestinos, Adnan Dmeir, en declaraciones a la agencia de noticias palestina Maan.

A estas protestas se suma una serie de huelgas de hambre iniciadas por decenas exempleados de la UNRWA en Jerusalén, Hebrón, Belén y Nablús a finales del año pasado tras el despido de 55 empleados. Las repercusiones de los despidos han afectado al funcionamiento de todos los 19 campos de refugiados de Cisjordaia, donde las escuelas llevan cerradas desde hace cuatro semanas.

En términos generales, los refugiados perciben que la agencia de la ONU se está desentendiendo progresivamente de su situación. La UNRWA se encuentra, a entender de los afectados, en deuda con ellos porque la entidad reconoció a Israel durante la guerra árabe-israelí de 1948, en la que miles de palestinos se vieron obligados a abandonar sus hogares.

Por contra, la UNWRA achaca la situación a la falta de financiación, y acusa a los trabajadores de exagerar su situación. Según la agencia, los salarios de sus empleados son como mínimo un 20 por ciento más elevados --un 80 por ciento, en algunos casos-- que los equivalentes en el sector público.