MADRID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -
La querella presentada el pasado 25 de enero ante la Audiencia Nacional por la española detenida hace dos años en México en el conocido como 'Caso Atenco', Cristina Valls, está aún a la espera de ser admitida a trámite, según aseguró hoy en una rueda de prensa su abogada, Paloma Soria, letrada de la organización internacional defensora de los derechos de las mujeres Women's Link Worlwide y que apoya a la española.
La abogada y directora ejecutiva de la organización Women's Link Worldwide, Viviana Waisman, dijo que la importancia de la demanda radica en que es la primera vez que un caso de género se presenta en los tribunales. La querella reclama la aplicación de la Sentencia 237/2005 del Tribunal Constitucional, que establece que el único requisito para abrir procedimiento y perseguir un crimen de esta gravedad es que la persona demandada no haya sido juzgada en el extranjero por los mismos hechos y en relación con las mismas personas. Por su parte, la coordinadora de acción de la Sección Española de Amnistía Internacional (AI), Giulia Tamayo, afirmó que esta organización ha publicado varios informes desde el suceso en la ciudad de Atenco denunciando tanto los fallos del sistema judicial y penal mexicano como la carencia de ciertas garantías internacionales que otorga la carta de Derechos Humanos y que deja de esta forma en indefensión a un gran número de personas.
Precisamente por estas carencias Tamayo dijo que "hay esperanza de justicia para Atenco, no por la vía mexicana, sino gracias a la demanda de Cristina Valls". "Este sistema judicial que falla no persigue a los que cometen este tipo de delito", añdió.
Otra de las detenidas y presuntamente torturadas y agredidas sexualmente, la mexicana Bárbara Italia, afirmó en la misma rueda de prensa que los peritajes realizados a las detenidas en 2006 para comprobar si habían sido víctimas de torturas todavía no han sido publicados, a pesar de haberse realizado primero por una comisión independiente y después por una comisión estatal. "En cuestión jurídica, en México no ha ocurrido nada (...), una de las dinámicas que pretende realizar el Estado mexicano contra la gente torturada es silenciarla, de ahí su dilación en el proceso", dijo.
Italia, en tratamiento psicológico desde que se produjeron los hechos, aseguró que, aunque la Policía no persigue abiertamente a los querellantes, "sí suceden hechos extraños, como detenciones durante horas tras las que se deja a los detenidos en libertad sin darles explicaciones (...), o llamadas telefónicas en las que se reproducen las declaraciones que realizamos en la Comisaría para interponer las primeras denuncias", dijo.
Los hechos tuvieron lugar entre el 3 y el 5 de mayo de 2006 durante el operativo que desplegó 3.000 policías durante las protestas protagonizadas por campesinos contra el proyecto para la construcción de un nuevo aeropuerto internacional para la Ciudad de México que pretendía confiscarles sus tierras.
La mayoría de las mujeres detenidas, como parte de la tortura sufrida, alegan que fueron víctimas de violación y agresiones sexuales. Gran parte de estos hechos se cometieron durante el traslado en los autobuses que duró seis horas (en condiciones normales, puede realizarse en sólo dos horas) hasta el Centro de Prevención y Readaptación de Santiaguito.
La detención de Valls finalizó con su expulsión, el 5 de mayo, y la prohibición de regresar a territorio mexicano en un plazo de cinco años, motivo por el que también se le impide presentar cualquier tipo de demanda ante la Justicia mexicana. En concreto, la querella que se presentó el pasado enero en la Audiencia Nacional se dirige contre la Policía Federal preventiva, la Policía del Estado de México y las policías municipales de la localidad de Texcoco, a los que se acusa de haber sometido a Valls a torturas, agresiones sexuales y violación durante su detención, según ha precisado la organización.
