25 de mayo de 2019
17 de diciembre de 2010

El Gobierno señala la rendición como única opción para miembros del cártel 'La Familia'

MÉXICO DF, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de México ha declarado que la única opción que tiene el cártel de 'La Familia Michoacana' es entregarse para que sus miembros sean juzgados por los crímenes cometidos, bajo la promesa de que se respetarán sus derechos y garantías durante el proceso penal. De esta forma las autoridades responden al llamamiento del cártel a todos sus integrantes para que se mantengan en la lucha, después de que la semana pasada cayera el capo Nazario Moreno González, alias 'El Chayo' o 'El Doctor'.

En la grabación enviada el jueves a Primero Noticias, el capo michoacano Servando Gómez, alias 'La Tuta', insistió en que el cártel de 'Los Zetas', asentado en el norte del país, quiere hacerse con el control del estado. "No los vamos a dejar entrar a Michoacán", afirmó. Además, 'La Tuta' recriminó al Ejecutivo que no aceptara el pacto que le propusieron los narcotraficantes recientemente.

Las dependencias de seguridad nacional advierten de que las fuerzas militares y de la Policía Federal continuarán en el estado de Michoacán hasta que caiga considerablemente la delincuencia. Su objetivo, declaran, es "restablecer las condiciones de seguridad y tranquilidad a los michoacanos", informa la agencia Notimex.

Así, pretenden además que las autoridades estatales ganen el tiempo necesario para reconstruir, depurar y fortalecer las instituciones policiales y ministeriales del estado.

El debilitamiento de 'La Familia' "ha orillado a sus integrantes a adoptar falsos discursos de apoyo a los michoacanos, cuando en realidad su lógica operativa y criminal está orientada fundamentalmente a atemorizarlos y despojarlos de sus libertades", prosigue el comunicado.

No obstante, el Gobierno admite que las agencias de orden público en contacto con la ciudadanía "aún muestran importantes rezagos en sus procesos de certificación de confiabilidad". Sólo el 15 por ciento de los elementos de seguridad estatales y el 9,5 por ciento de los municipales han sido sometidos a controles de confianza.