CIUDAD DE MÉXICO, 15 Sep. (Reuters/EP) -
La Fiscalía General de México ha decidido investigar a los encargados de realizar la investigación sobre la desaparición de 43 estudiantes de magisterio de Ayotzinapa en el año 2014.
La semana pasada, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó de que el Gobierno presentaría una denuncia ante el fiscal general por la liberación de uno de los principales sospechosos de este simbólico caso.
Gildardo López Astudillo, 'El Gil' señalado como uno de los líderes de la organización delictiva Guerreros Unidos y que presuntamente había perpetrado el secuestro de los jóvenes, fue puesto en libertad el pasado sábado después de que un juez concluyese que las acusaciones en su contra fueron obtenidas mediante tortura.
En un comunicado oficial, la Fiscalía ha asegurado que hará las pruebas necesarias para que aquellos "que no cumplieran con sus deberes "pudieran ser responsabilizados por el manejo del caso.
La investigación realizada durante el mandato de Enrique Peña Nieto ha sido "desacreditada" en repetidas ocasiones, tanto por la opinión pública como por los familiares de las víctimas, ha sentenciado la Fiscalía.
Además, la oficina de Derechos Humanos de la ONU en un informe publicado en 2018 sugirió que las autoridades mexicanas habían torturado a decenas de personas durante la investigación.
La popularidad de Peña Nieto nunca se recuperó del escándalo. López Obrador, que asumió el cargo en diciembre, prometió durante su campaña electoral lanzar una comisión de la verdad para averiguar qué pasó con los estudiantes.
CASO IGUALA
El 26 de septiembre del 2014, un centenar de estudiantes pertenecientes a la escuela de magisterio rural de Ayotzinapa llegaron a Iguala, en el estado de Guerrero, para apoderarse de autobuses que iban a utilizar para acudir a una protesta en la capital, cuando fueron atacados a tiros por policías municipales y sicarios.
Tres murieron durante las primeras horas del ataque, mientras que los restos calcinados de otro más fueron hallados más tarde e identificados. Los otros 42 continúan desaparecidos.
Los familiares de los jóvenes nunca dieron credibilidad a las conclusiones del entonces fiscal Jesús Murillo, que según abogados conocedores del caso trató de cerrar el caso cuanto antes porque perjudicaba al Gobierno.
Uno de los aspectos fundamentales es esclarecer qué papel jugaron esa noche la Policía Federal y el Ejército, que estaban al tanto de los movimientos de los estudiantes, pero no intervinieron para impedir el ataque contra los jóvenes desarmados y en pleno centro de la ciudad. Al parecer una patrulla de la Policía Federal llegó a detener uno de los autobuses en los que se desplazaban los estudiantes.
