CIUDAD DE MÉXICO, 27 Abr. (Reuters/EP) -
El Estado mexicano ha negado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que militares participaran en un caso de desaparición forzada en 2009, dos años después del inicio de la guerra contra el narcotráfico.
Representantes del Gobierno de México han dicho que no existen pruebas contundentes para determinar que militares actuaron en la desaparición de tres personas, dos mujeres y un hombre, en un municipio del norteño estado Chihuahua, que ha vivido años de creciente violencia.
Uno de los argumentos del Gobierno es que existen muchos casos en los que integrantes del crimen organizado utilizan uniformes similares a los de militares para cometer actos ilegales, tal y como ha señalado un representante legal de México ante la audiencia realizada en Costa Rica y que se desarrolló entre el jueves y el viernes.
"El Estado mexicano no pretende (...) poner en duda la desaparición y dolor de estos hechos. Sin embargo, considera que la desaparición no le es atribuible por considerar que esta fuera perpetrada por agentes federales", ha señalado Alejandro Alday, consultor jurídico de la cancillería mexicana.
El Gobierno de México tiene hasta el 28 de mayo para presentar sus alegatos. Meses después, la CIDH se pronunciaría sobre el caso.
Familiares de las víctimas han manifestado durante la audiencia que cuando ocurrieron los hechos, en diciembre del 2009, funcionarios habían admitido que los desaparecidos fueron llevados a instalaciones militares del 35 Batallón.
Sin embargo, la CIDH ha apuntado que, según datos entregados por el Gobierno de México, entre 2006 y 2017 solamente una persona fue detenida portando uniformes apócrifos del Ejército en el municipio donde ocurrieron las desapariciones.
"No nos sorprende la negativa de los funcionarios, (pues) esto les pudiera traer algún tipo de sanción por haber conocido y no haber denunciado (el caso)", ha sostenido Ruth Fierro, directora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres que representa a las víctimas.
Militares del país han sido señalados por graves violaciones a Derechos Humanos en México, entre ellos ejecuciones extrajudiciales, violación y abuso de autoridad.
En 2017, México aprobó una polémica ley que además de regular el uso de las Fuerzas Armadas en las calles, amplía sus facultades para actuar cuando el Estado determine que existe una amenaza a la seguridad interior.
Sin embargo, ypresionado por las críticas de organismos internacionales como Naciones Unidas, el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, congeló su entrada en vigor.
