PRAGA, 4 Jun. (Reuters/EP) -
Miles de checos se han manifestado este martes en Praga para exigir la dimisión del primer ministro, Andrej Babis, en respuesta a un informe de la Comisión Europea que apunta a un posible conflicto de interés del jefe de Gobierno por sus negocios privados.
"Estamos pidiendo la dimisión de Andrej Babis", ha dicho Mikulas Minar, uno de los organizadores de la protesta, desde un escenario colocado junto al Museo Nacional, en el centro de Praga.
Los convocantes calculan que han logrado reunir a unas 120.000 personas, lo que la convertiría en la mayor manifestación desde la Revolución de Terciopelo que acabó con el régimen comunista en 1989.
Las protestas contra Babis comenzaron en abril, cuando la Policía concluyó que había recibido dos millones de euros en subsidios de la UE que no le correspondían, para una granja y in centro de convenciones, y recomendó que fuera procesado.
Las movilizaciones populares se han retomado desde que el pasado viernes un periódico local adelantara las conclusiones de un informe de la Comisión Europea según el cual Babis incurrió en un conflicto de intereses por las ramificaciones de su imperio empresarial.
El principal foco de disputa gira en torno a Agrofert, un conglomerado de 250 empresas que Babis transfirió en 2017 a un fondo fiduciario. La firma recibe cada año decenas de millones de euros de fondos europeos, la mayoría de ellos ayudas agrarias que no estarían afectadas por las investigaciones en curso.
Babis, que ha negado cualquier irregularidad, ha insistido este martes en que República Checa no devolverá ningún dinero, algo que, de producirse, tendría un impacto notable en el presupuesto del país europeo. Es "un ataque contra mí y contra República Checa", ha dicho desde el Parlamento.
El líder del partido opositor ODS, Petr Fiala, pidió el lunes a Babis a que se sometiera a una cuestión de confianza en la sede legislativa tras esta "devastadora" información. El primer ministro se ha negado y ha retado a la oposición a impulsar una moción de censura.
Entretanto, el fiscal general, Pavel Zeman, está analizando si hay base legal para abrir una investigación formal contra el primer ministro.
