La "arbitraria", según la ONU y ONG, política de separación está traumatizando a miles de pequeños en los países satélite del gigante asiático
ALMATY (KAZAJISTÁN), 10 Feb. (DPA/EP) -
La campaña de represión contra las minorías étnicas que el Gobierno chino efectúa en la región de Xinjiang, en el noroeste del país, no solo se refleja en los campos de concentración de la zona, que aglutinan a un millón de personas aproximadamente, la mayor concentración de presos por motivos étnicos desde la II Guerra Mundial, sino también en su cruel política de separación familiar.
Este efecto se percibe en países como Kazajistán, donde han tenido que huir miles de chinos de etnia kazaja para escapar de estos campos donde han acabado muchos de sus familiares.
Uno de ellos es el adolescente Aibulan Bajitnur, de 13 años y el mayor de tres hermanos a los que tiene que cuidar después de que su madre que quedara atrapada en China cuando las autoridades le confiscaron sus documentos. La mujer cruzó la frontera para acudir al funeral de un familiar, y nunca regresó.
Su padre, Bajitnur Zhunis, no puede dejarles solos. La última vez los niños causaron un incendio sin querer al dejarse una tetera sobre la brasa. El pequeño Uligman, de siete años, tiene una cicatriz de recuerdo en su frente.
Dado que su padre les ha prohibido volver a calentar nada en casa, los niños viven ateridos de frío, y no hay cena que espere a Bajitnur al llegar del trabajo. "Nuestras vidas han cambiado mucho", reconoce Abibulan, "y ha sido muy difícil".
Esta época del año es una etapa especialmente dura, dado que se está celebrando el Año Nuevo chino. Miles de familias lo están celebrando como pueden, apartadas de sus familiares.
MEDIDAS EXCEPCIONALES
A finales del año pasado, el Gobierno de la región china de Xinjiang, ubicada en el extremo noroccidental del país, insertó finalmente en sus leyes contra el extremismo nuevas cláusulas que prescriben el uso de "centros de entrenamiento" para "educar y transformar" a quienes se hayan visto influenciados por ideas radicales, publicando al fin una práctica que llevan años manteniendo de manera extraoficial.
"Los gobiernos por encima del nivel local pueden establecer organizaciones de educación y transformación y departamentos de supervisión como centros de entrenamiento vocacionales para educar y transformar a la gente que ha sido influida por el extremismo", reza una de las nuevas cláusulas.
Por otro lado, el Gobierno de la capital regional, Urumqi, ha puesto en marcha una campaña contra los productos halal para frenar la penetración islámica en China. Así, "las cosas que son halal en realidad no podrán ser halal". "Amigo, no necesitas encontrar un restaurante halal", reza el título de un ensayo del fiscal jefe de Urumqi, Ilshat Osman.
En los casos más extremos, las autoridades justifican su existencia como una medida de contención contra el extremismo religioso y el terrorismo separatista.
En un último intento de limpiar su imagen, China ofreció un "tour" por estos lugares para diplomáticos orientales y algunas agencias de noticias. En estas visitas, los prisioneros salían al paso de los visitantes cantando alegres canciones sobre su renuncia a "pensamientos extremistas", en lo que fue denunciado por varias ONG como una parodia.
La ONU y diversas ONG consideran que la política de separación -- así como la de internamiento -- ocurre por motivos absolutamente arbitrarios, desde viajar al extranjero hasta demostrar en público sus creencias musulmanas, pasando por llevar instalado Whatsapp, prohibido en China, en sus teléfonos móviles.
La consecuencia inmediata es el trauma, como indica el profesor de Historia de la universidad de Georgetown, James Millward, quien avisa de que se está llevando a cabo una "política de transformación de pensamiento forzada" entre las minorías.
Otro de los afectados, Zhapar Zhamaiuli, denuncia que su mujer, una profesora de chino jubilada, está siendo obligada a dar clases en uno de los temibles campos de concentración de Xinjiang. También está atrapada allí su hija de 15 años.
Los familiares se ven obligados a pagar los costes médicos de los internados, y sus viviendas son objeto de constantes redadas por parte de la Policía, en especial en las localidades uigures, una minoría de confesión musulmana, y uno de los principales objetivos de las autoridades.
"No puedo entender de dónde sale todo este sufrimiento", lamenta Bajitnur. "No hemos hecho nada malo, no tenemos deudas, no debemos nada al Gobierno de China", ha explicado a la agencia DPA.
Bajitnur espera el retorno de su mujer. Sin embargo, será un retorno temporal. El Gobierno chino ha exigido garantías de que estará de vuelta en tres meses. Cuando expire el plazo, será internada en un campo de concentración a su vuelta. Y si no vuelve, será detenida e internada igualmente.
