MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -
Los miles de inmigrantes en Tailandia procedentes de Laos, Camboya y Birmania se enfrentan a una posible deportación si no terminan de registrarse este domingo ante el Ministerio de Trabajo para ampliar la validez de sus permisos laborales, según la agencia de información de Naciones Unidas, IRIN.
De momento más de medio millón de personas han solicitado participar en el procedimiento de regulación laboral, conocido como Política de Verificación Nacional (PV), en buena medida por las promesas formuladas por el Gobierno tailandés, que ha declarado que el proceso concederá a los trabajadores inmigrantes un estatus legal y les protegerá de la explotación.
A pesar de que respaldan la voluntad del Gobierno, numerosas ONG han expresado su preocupación ante la posibilidad de que aquellos inmigrantes que no firmen antes del domingo sean deportados inmediatamente del país. "Respaldamos la política como convepto, pero su aplicación ha sido simplemente terrible", lamentó el director del Programa de Justicia para el Inmigrante de la Fundación de Desarrollo y Derechos Humanos, Andy Hall.
"Hay que dar crédito al Gobierno por su voluntad de solucionar el problema de la inmigración ilegal en Tailandia, pero creemos que la política de Verificación Nacional ha fracasado, y sigue fracasando", añadió.
CONSECUENCIAS HUMANITARIAS
Según el Departamento de Trabajo y la Organización Internacional para la Migración (IOM), el número total de inmigrantes ilegales asciende a más de 2 millones, una cifra superior a los 1,3 millones que se encuentran en condición legal. La mayoría de ellos proceden de Birmania, donde existe un alto peligro para la seguridad de los posibles deportados.
"Es muy posible que el régimen birmano cierre la frontera para detenerlos y que los inmigrantes acabaran en tierra de nadie, porque Tailandia no los quiere", declaró Jackie Pollock, de la fundación MAP.
Tailandia ha demostrado ser, a lo largo de los últimos años, un "imán natural" para la inmigración. Las deportaciones en masa han sido habituales sobre todo a finales de los años 90, una época en la que los inmigrantes "comenzaron a esconderse en los campos y en la jungla", lugares donde las ONG tuvieron que acudir para atender a los inmigrantes birmanos que no podían atravesar la frontera.
EL PROCESO DE VERIFICACIÓN
Los solicitantes del proceso deben rellenar un formulario con su nombre, edad y fecha de nacimiento por duplicado, con una copia para el Gobierno tailandés y otra para su país natal. En general, los nacionales de Camboya y Laos han colaborado estrechamente con Bangkok, pero el proceso ha demostrado ser "problemático", según IRIN, cuando se trata de los inmigrantes birmanos.
En este caso, el Gobierno tailandés sólo pudo cerrar el acuerdo de inmigración el año pasado con el establecimiento de tres áreas específicas en la frontera birmanda donde los inmigrantes podrían gestionar sus peticiones. Antes de ese acuerdo, la entrada en Tailandia les quedaba denegada.
El problema reside en que muchos inmigrantes no quieren dar información personal al Gobierno militar birmano por el temor de que sus familias en Birmania sean objeto de un aumento de impuestos y otras formas de presión. "El Gobierno birmano no tiene como política, actualmente, hacer cosas malas con esta información, pero temen que pueda cambiar en un futuro", advirtió Hall.
El proceso resulta ser bastante caro. Las ONG denuncian que cada trabajador debe pagar hasta 300 dólares a los intermediarios para solucionar el papeleo, una cantidad equivalente al salario de varios meses. En este sentido, la organización Human Rights Watch (HRW) ha publicado un informe esta semana en el que critica a las autoridades tailandesas por el trato que dan a los inmigrantes.
El informe señala que muchos inmigrantes de Birmania, Camboya y Laos son víctimas de extorsiones, detenciones arbitrarias, trabajos forzados y abusos físicos, a menudo a manos de miembros de las autoridades estatales que actúan con impunidad.
AUMENTO DE LA VULNERABILIDAD
El relator especial para Inmigración de Naciones Unidas, Jorge Bustamante, ya ha advertido de que este proceso corre el riesgo de incrementar la vulnerabilidad de los inmigrantes irregulares en Tailandia. "Entre los grupos que corren el riesgo de ser potencialmente deportados se encuentran algunos que pueden necesitar protección internacional y que no deberían ser obligados a regresar a su país de origen", advirtió Bustamante el pasado 18 de febrero.
"Si culminan estas amenazas de deportación en masa, la situación podría desembocar en un sufrimiento humano sin precedentes y la ruptura de las obligaciones fundamentales sobre Derechos Humanos", añadió.
Por su parte, la Alianza Global contra el Tráfico de Mujeres, con sede en Bangkok, también ha advertido de que la trata de personas podría incrementarse a consecuencia de estas amenazas. "Las políticas restrictivas de inmigración son una de las principales consecuencias del tráfico", indicó. "Si los trabajadores no son capaces de acceder a canales legales o seguros de inmigración o trabajo, los intermediarios se convertirán en sus únicas opciones para acceder a puestos de trabajo en el extranjero", añadió.
VIOLENCIA
Tres inmigrantes birmanos indocumentados han muerto y otros cinco han resultado heridos por los disparos efectuados este jueves por un grupo de soldados tailandeses contra la furgoneta en la que viajaban en la provincia de Ranong (sur de Tailandia), afirmó la Policía.
El teniente coronel Pichit Sunthorn, de la comisaría de Policía de Pak Nam, en el distrito de Muang, dijo que los soldados, que iban en otro vehículo, intentaron detener la furgoneta de los traficantes de personas que llevaban a los inmigrantes, que procedían de la provincia birmana de Kawthaung, según informa el diario 'Bangkok Post'.
La furgoneta, que se dirigía hacia ellos, no paró, así que los soldados dispararon, haciendo estallar tres ruedas del vehículo. En la carrocería se pueden ver 17 orificios hechos por las balas.
En el interior, los militares encontraron trece inmigrantes birmanos, de los cuales tres --dos hombres y una mujer-- estaban muertos y otros cinco tenían heridas de bala. Estos últimos han sido trasladados al Hospital de Ranong.
El conductor, Supot Mongkoltangsirikul, indicó que le habían pagado 500 bahts (once euros) por llevar a los inmigrantes a un lugar de Ranong, y el comisario jefe de la comisaría de Pak Nam, coronel Veerasin Kwanseng, indicó que Supot ha sido acusado de introducir ilegalmente en el país a trabajadores extranjeros.
Mientras, los soldados han sido acusados en principio de las tres muertes. Sin embargo, dado que estaban de servicio, la Fiscalía provincial seguirá investigando los hechos y después decidirá cómo proceder, explicó el comisario.
Ranong, que se encuentra a 20 minutos en barco desde la localidad portuaria birmana de Kawthaung, es un importante punto de entrada de inmigrantes birmanos en Tailandia, donde trabajan más de un millón, muchos de forma ilegal.
