QUITO, 12 Oct. (Reuters/EP) -
La mina de cobre Mirador, la más grande a cielo abierto de Ecuador y de propiedad china, ha anunciado este sábado que restringirá temporalmente sus operaciones como medida de precaución para proteger a sus trabajadores en medio de los disturbios generados por los planes de austeridad del gobierno.
La explotación, propiedad de Ecuacorriente y localizada en Zamora Chinchipe (noreste del país), es una unidad del consorcio chino CRCC-Tongguan, que comenzó sus operaciones en julio con la intención de producir 94.000 toneladas anuales de concentrado de cobre. Se trata de un proyecto que provocó la indignación de la población indígena, abanderada de las protestas contra las autoridades.
Los incidentes violentos registrados en las protestas contra el Gobierno ecuatoriano se han saldado ya con el procesamiento formal de 260 personas, de las cuales casi la mitad corresponden a la provincia de Guayas, donde se encuentra la ciudad de Guayaquil, según un balance de la Fiscalía General.
Según la Defensoría del Pueblo, al menos 1.070 personas han sido detenidas en los últimos ocho días, de las cuales tres de cada cuatro han quedado en liberad sin que se les imputase delito alguno. Esta oficina ha informado también de al menos cinco fallecidos, así como de 855 heridos.
Asimismo, los disturbios en Ecuador han reducido la producción petrolera en casi 1,2 millones de barriles hasta el momento, incluidos más de 200.000 barriles de firmas privadas, según estimaciones dadas a conocer este sábado por el Ministerio de Energía.
Las protestas, que tienen como principal impulsor a la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), comenzaron tras el paquete de medidas económicas anunciado el 1 de octubre por el Gobierno de Lenín Moreno y que planteaban una eliminación del subsidio al combustible.
El presidente se ha ofrecido a dialogar "directamente" con los indígenas, aunque estos han rechazado por ahora cualquier acercamiento y reclaman que antes el Gobierno derogue el conocido como 'paquetazo', gracias al cual Ecuador podría recibir una inyección de 4.200 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI).
La Defensoría del Pueblo ha advertido en un comunicado de que "la falta de diálogo, acercamientos y definiciones dentro del paro nacional ha dejado resultados devastadores para toda la población ecuatoriana".
"Es urgente deponer posiciones y acciones que generen retroceso y violencia, para encontrarnos nuevamente como seres humanos de un Ecuador que requiere unirse, trabajar y reconstruirnos hacia un país de paz", ha añadido, con un mensaje expreso al Gobierno para que "ceda posturas" y "tienda puentes" hacia el diálogo.
