13 de diciembre de 2019
22 de noviembre de 2019

El ministro de Defensa de Chile sale en defensa de las FFAA: "No hay derecho a que se les calumnie"

El ministro de Defensa de Chile sale en defensa de las FFAA: "No hay derecho a que se les calumnie"
El ministro de Defensa de Chile, Alberto Espina - AGENCIA UNO / SEBASTIAN BELTRAN GAETE

SANTIAGO, 22 Nov. (Agencia Uno/EP) -

El ministro de Defensa chileno, Alberto Espina, ha salido este viernes en defensa de las Fuerzas Armadas del país después de que Amnistía Internacional haya denunciado en un informe "ataques generalizados usando la fuerza de manera innecesaria y excesiva" contra manifestantes con la intención de "dañar" para disuadir las protestas que vive el país desde el pasado 17 de octubre.

"Amnistía Internacional al decir que las Fuerzas Armadas están cometiendo ataque generalizados con la intención de dañar a quien se manifiesta, está afirmando un hecho extraordinariamente grave y falso", ha denunciado.

"No hay derecho que se les calumnie, se les injurie, se les ofenda de la forma como se ha hecho", ha insistido, respaldado también que desde las Fuerzas Armadas y los Carabineros se haya defendido la actuación de sus efectivos en la represión de las protestas contra el Gobierno de Sebastián Piñera.

"El que puedan salir, legítimamente, rebatiendo hechos, que son falsos, está absolutamente dentro del marco de la ley y la Constitución, contando con nuestro total respaldo", ha aseverado.

Espina ha destacado que las Fuerzas Armadas se desplegaron en las calles del país "en virtud del estado de emergencia exactamente para lo contrario, para proteger a los chilenos y salvarlos ante la ola de saqueos, vandalismo y ataques a su vida personal y bienes".

El titular de Defensa ha dicho que considera a que "las Fuerzas Armadas son un factor de unidad de los chilenos, que no son patrimonio de ningún sector político".

Asimismo, ha sostenido que los uniformados "también son hombres y mujeres, que a través de sus mandos, y dentro de las reglas de la democracia y el pleno respeto de la ley, pueden y deben defenderse frente a ataques de esta magnitud, y eso es lo que ha ocurrido".

"Nosotros creemos que ese tipo de ataques, siempre hechos de manera clara, pero sin pruebas, sobre instituciones tan valiosas como las Fuerzas Armadas, causan un grave daño", ha reprochado en referencia al informe de Amnistía.

En este sentido, ha pedido a los chilenos que recuerden que "esos mismos soldados, esos mismos hombres y mujeres, son los que arriesgan permanentemente la vida por nuestros compatriotas en todas las catástrofes que han existidos durante los últimos años", en referencia a los graves terremotos registrados por el país, entre otras cosas.

El Gobierno ya había rechazado "categóricamente" el informe de Amnistía el mismo jueves por boca de la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, tras una reunión en la Moneda de Piñera con sus ministros en la que se discutió sobre el mismo.

Recabarren reprochó que la organización, "sin siquiera solicitar información al Gobierno, pretende establecer la existencia de una política deliberada para dañar a los manifestantes". "La única política que ha tenido el Gobierno es la de resguardo y protección de los Derechos Humanos", esgrimió.

LAS ACUSACIONES DE AMNISTÍA

Amnistía Internacional presentó el jueves sus conclusiones tras una misión de investigación sobre las violaciones de los Derechos Humanos que se han cometido en el marco de la ola de protestas, que estallaron el 17 de octubre por la cuarta subida del precio del metro en pocos meses y escalaron para denunciar la desigualdad social y reclamar un cambio constitucional.

"La intención de las fuerzas de seguridad chilenas es clara: lesionar a quienes se manifiestan para desincentivar la protesta, incluso llegando al extremo de usar la tortura y violencia sexual en contra de manifestantes", ha afirmado la directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara Rosas.

Además, ha reprochado "a las autoridades bajo el mando del presidente, Sebastián Piñera", que "han sostenido su política de castigo durante más de un mes, generando que más personas se sumen al abrumador número de víctimas", "en vez de tomar medidas encaminadas a frenar la gravísima crisis de Derechos Humanos.

AI ha considerado que "las violaciones de Derechos Humanos y crímenes de Derecho Internacional cometidos por agentes de las fuerzas de seguridad no son hechos aislados o esporádicos, sino que responden a un patrón consistente en el tipo de violaciones y en el 'modus operandi' llevado a cabo a lo largo de todo el país".

A este respecto, ha señalado que "el grado de coordinación requerido para sostener la represión violenta de las protestas durante más de un mes conduce razonablemente a pensar en la responsabilidad del mando al más alto nivel, sea porque ordenó o toleró la represión".

"Tal extremo, naturalmente, debe ser dilucidado por una autoridad judicial independiente e imparcial", ha reclamado la ONG, recordando que "la no prevención de este tipo de actos, cuando se tiene el deber de hacerlo, es una causa de responsabilidad penal individual, según el Derecho Internacional".

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