ROMA, 30 Jul. (EUROPA PRESS/G. Moreno) -
Los inmigrantes que llegaron de modo ilegal a las costas italianas durante los seis primeros meses de 2008 ascendieron a 10.611, el doble de los registrados en el mismo periodo del año anterior. Si se confirma esta tendencia, Italia podría terminar este año con alrededor de 30.000 nuevos 'sin papeles', según informó el ministro del Interior, Roberto Maroni.
Maroni justificó así la decisión tomada por el Gobierno de centro-derecha que dirige Silvio Berlusconi, que la semana pasada declaró el estado de emergencia en todo el territorio nacional ante la llegada masiva de inmigrantes.
Según el ministro, que compareció ayer ante la Cámara de los Diputados para explicar esta decisión, lo único que el Gobierno ha querido hacer es dar una respuesta a la "presión excepcional" que se deriva de esta situación.
Precisamente ayer, el Consejo de Europa se sumó a las críticas ya realizadas desde la Unión Europea contra el Gobierno Berlusconi por las nuevas medidas aprobadas para combatir la inmigración ilegal, advirtiendo de que éstas podrían desatar una escalada de racismo entre la población.
Esta es una de las principales conclusiones del informe que el comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, Thomas Hammarberg, elaboró tras la visita que realizó a Roma los pasados 19 y 20 de junio.
Hammarberg se trasladó a la capital italiana después de los episodios violentos registrados en Italia contra algunos campamentos de gitanos y la polémica suscitada por la propuesta que había presentado el Gobierno Berlusconi para incrementar la seguridad ciudadana y penalizar la inmigración clandestina.
LAS MEDIDAS CONTRA LOS 'SIN PAPELES' AUMENTAN EL RACISMO
Según Hammarberg, "la política de inmigración debería basarse en los principios de los Derechos Humanos" y no sólo en la "preocupación por la seguridad". En este sentido, las medidas tomadas recientemente en Italia carecen de "principios humanitarios" y podrían "estimular la xenofobia", alertó.
Entre otras medidas, el Gobierno prevé agravar las penas a los inmigrantes que delincan si además no tienen los papeles en regla y aumentar el control sobre los gitanos europeos que, como miembros de la Unión Europea, entran en Italia de modo legal.
El comisario también criticó la medida que prevé criminalizar a los inmigrantes que entren en Italia clandestinamente. "Estas medidas harán más difícil a los refugiados su petición de asilo y lo más probable es que estigmaticen y marginen todavía más a todos los inmigrantes", señaló Hammarberg.
Asimismo, manifestó su preocupación por la declaración del estado de emergencia nacional ante la llegada masiva de inmigrantes y condenó las acciones "extremadamente violentas" que se han registrado en Italia contra los campamentos gitanos. Éstos, denunció, no habrían contado con la protección policial suficiente e incluso habrían sido víctimas de incursiones violentas por parte de las fuerzas del orden.
GOBIERNO ITALIANO: CRÍTICAS INFUNDADAS
El ministro Maroni, por su parte, rechazó "con indignación las afirmaciones del comisario" y consideró una "falsedad clamorosa" la acusación que Hammarberg dirigió contra la Policía italiana.
El Gobierno italiano respondió al informe subrayando que las medidas aprobadas sólo intentan perseguir las actuaciones criminales realizadas por individuos y que su objetivo no es criminalizar el colectivo al que pertenecen. En este sentido, las preocupaciones manifestadas sobre la falta de respeto de los Derechos Humanos son "totalmente infundadas", concluyó el Ejecutivo.
MILITARES EN LAS CALLES
Desde que el Gobierno de Silvio Berlusconi llegó al poder el pasado mes de abril, Italia ha puesto en marcha numerosas medidas para combatir el crimen, la delincuencia y la inmigración ilegal.
Sin ir más lejos, el mismo Maroni dio hoy 'luz verde' definitiva al despliegue de 3.000 militares en las calles de las principales ciudades del país. La medida empezará a aplicarse a partir del próximo lunes.
Unos 2.000 soldados serán desplegados en las zonas que registran índices más elevados de criminalidad. La mitad de éstos supervisarán los centros temporales de permanencia para inmigrantes y sus alrededores. Los 1.000 militares restantes patrullarán las calles en función de las necesidades. El mayor despliegue se realizará en las urbes más grandes, como Roma, Milán y Nápoles, consideradas especialmente vulnerables.
Una vez pasados seis meses desde la aplicación del plan el Gobierno analizará los resultados y valorará la posibilidad de ampliarlo a otras ciudades, según explicó el ministro Maroni.
