MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Justicia de Rumanía, Tudorel Toader, ha anunciado este miércoles el inicio de los procedimientos formales para el cese del fiscal general del país, Augustin Lazar, al que ha acusado de exceder sus competencias.
Toader ha tildado como "intolerables" las actuaciones de Lazar y ha señalado que el fiscal general "ha violado sus obligaciones constitucionales y legales", según ha informado la agencia local de noticias Agerpress.
Lazar, que ha sido una de las caras más visibles de la campaña anticorrupción en el país, ha criticado los intentos de Toader de cesarle, tal y como ha recogido la agencia británica de noticias Reuters.
"Esta es la forma en la que el Ejecutivo, la forma en la que el ministro de Justicia, demuestra su comprensión sobre el respeto a la independencia de los fiscales", ha sostenido.
El presidente de Rumanía, Klaus Iohannis, firmó en julio un decreto para cesar a la fiscal jefe de la Dirección Nacional Anticorrupción (DNA), Laura Codruta Kovesi, cuyo cese fue reclamado igualmente por Toader.
El ministro de Justicia reclamó en febrero el cese de Kovesi argumentando que había excedido sus competencias y dañado la imagen internacional del país.
Iohannis rechazó la petición de Toader, lo que llevó al Gobierno a acudir al Tribunal Constitucional para que se pronunciara sobre el caso, que ha derivado en un conflicto institucional. Finalmente, el Constitucional falló a finales de mayo a favor de Toader y reclamó al mandatario que cesara a la fiscal jefe de la DNA.
La DNA ha investigado a ministros, parlamentarios, magistrados, alcaldes y empresarios y ha desvelado numerosos casos de corrupción, fraude, abuso de poder y conflicto de intereses.
En los últimos meses, miles de rumanos se han manifestado en la capital, Bucarest, y otras ciudades del país para protestar contra el Ejecutivo del Partido Socialdemócrata y sus intentos de impulsar una reforma que minaría la independencia del sistema judicial.
Los socialdemócratas y su compañero de coalición, el partido ALDE, han utilizado su mayoría parlamentaria para impulsar una remodelación a gran escala del sistema judicial en Rumanía a pesar de las críticas recibidas por parte de la Comisión Europea, Estados Unidos, cientos de magistrados rumanos y del propio presidente del país.
Los intentos por parte del Gobierno de legalizar varios delitos de corrupción a través de decretos presidenciales de emergencia durante diciembre del año pasado ya motivaron las mayores protestas vistas en el país en décadas.
Los parlamentarios también han llegado a proponer una reforma del Código Penal que acabaría con algunos delitos y supondría penas más bajas para los cargos relacionados con la corrupción.
La Comisión Europea advirtió en enero a Rumanía por la falta de progresos para garantizar la independencia judicial en el país y para adoptar las reformas recomendadas por Bruselas hace más de dos meses, cuando publicó su último informe sobre esta cuestión.
