Trabajadores e indígenas marchan hacia el centro histórico de Quito por la huelga nacional
MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, regresará este miércoles a Quito desde Guayaquil, a donde se trasladó el lunes junto a su Gobierno, para seguir desde allí la huelga nacional que sindicatos e indígenas han convocado en el marco de las protestas contra la reforma económica del Ejecutivo.
"El ministro (de Defensa, Oswaldo) Jarrín, y yo vamos a acompañar al presidente Lenín a Quito en unos minutos", ha dicho la ministra de Interior, María Paula Romo, en una rueda de prensa celebrada en Guayaquil.
La titular de Gobernación ha explicado que el motivo del traslado es que en Quito, epicentro de las protestas, es donde el Gobierno cree que "hay un mayor riesgo de que haya incidentes hoy".
Romo ha valorado que esta mañana (hora local) se ha celebrado "una marcha de trabajadores" en Quito "sin que se haya presentado ningún incidente". Sin embargo, esta información contrasta con la proporcionada por la prensa ecuatoriana, según la cual los cientos de manifestantes que han participado en la movilización sindical rumbo a la plaza del Teatro, en el centro histórico, han sido frenados por la Policía a la altura de la calle Guayaquil con gases lacrimógenos.
La marcha indígena ha comenzado horas después con miles de personas que pretenden llegar igualmente al centro histórico de Quito, que permanece resguardado por policías y militares tras los ataques perpetrados en días anteriores contra la Asamblea Nacional y la Contraloría. Allí se encuentra también el Palacio de Carondelet, sede del Gobierno ecuatoriano.
Mientras, Guayaquil sigue en calma. El único punto caliente en la ciudad costera es el Puente de la Unidad Nacional, que ha sido cortado por razones de seguridad y ha sido tomado tanto por policías y militares como por manifestantes, de acuerdo con los medios locales. "Hubo una amenaza de ingreso de un grupo de personas violentas a la ciudad y eso motivó el cierre del puente", ha comentado Romo.
DOS MUERTOS Y CASI 700 DETENIDOS
El origen de las protestas es la reforma económica anunciada por Moreno el pasado 1 de octubre fruto del acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional para conseguir una inyección de 4.200 millones de dólares para el país.
Los disturbios estallaron dos días después con enfrentamientos entre policías y militares y saqueos, lo que llevó a Moreno a declarar el estado de excepción, que en un principio debía estar vigente 60 días pero el Tribunal Constitucional lo redujo a 30.
Desde entonces, dos personas han muerto --una arrollada por un coche y otra al caerse por un puente, ambos en el marco de las protestas--, decenas han resultado heridas, incluida una persona que perdió un ojo por un perdigón, y cerca de 700 han sido detenidas, de acuerdo con el último balance.
Moreno ha ofrecido diálogo a los manifestantes, aunque aclarando que no recuperará el subsidio al combustible --la medida más polémica-- por considerar que solo beneficia a "los más ricos" y a los contrabandistas.
Sin embargo, los manifestantes exigen como requisito para sentarse a la mesa de negociaciones que el Gobierno recupere las ayudas públicas a la gasolina y al diesel. "Lo que está haciendo el Gobierno es premiar a los grandes bancos, a los capitalistas, y castigar a los ecuatorianos pobres", ha dicho a Reuters el líder sindical Mesías Tatamuez.
CORREA Y MADURO
El presidente ecuatoriano ha acusado directamente a su predecesor y otrora aliado, Rafael Correa, y a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, de orquestar las protestas en un intento de derrocar a su Gobierno, algo que ambos han negado.
Los gobiernos latinoamericanos se han alineado con Moreno rechazando "toda acción encaminada a desestabilizar las democracias por parte del régimen de Nicolás Maduro y de los que buscan extender los lineamientos de su nefasta obra de Gobierno a los países democráticos de la región".
En la misma línea, la Organización de Estados Americanos (OEA) se ha opuesto a "cualquier forma de interrupción" del Gobierno de Moreno. "La Secretaría General considera fundamental que todas las partes respeten el término constitucional por el que fue electo el presidente", ha dicho en un comunicado.
En este contexto, Naciones Unidas y la Iglesia Católica en Ecuador han ofrecido su mediación y el Gobierno la ha aceptado. Romo ha confirmado este miércoles que la ONU y la Conferencia Episcopal ya "están actuando como mediadores" con las organizaciones indígenas en Quito.
