GINEBRA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -
Amnistía Internacional (AI), Human Rights Watch (HRW) y la Comisión Internacional de Juristas (ICJ) reclamaron hoy a la comunidad internacional que se impongan sanciones contra el rey Gyanendra y otros importantes dirigentes de Nepal como la negación de la entrada a otros países o la congelación de sus bienes en el extranjero.
El secretario general de la ICJ, Nicholas Howen, denunció hoy en Ginebra que "la situación se ha deteriorado mucho desde que el rey de Nepal acabó con la democracia y suprimió los derechos democráticos". Según Howen, "el pueblo de Nepal no tiene el espacio democrático para discutir y decidir su futuro y resolver el conflicto de forma pacífica". El reino es escenario de una rebelión maoísta desde algo más de una década que pretende acabar con la monarquía.
"El Gobierno de Nepal no está escuchando, ha habido muchas recomendaciones y muchas peticiones de reforma, pero el Gobierno está utilizando cada vez más medidas represivas", añadió el responsable de ICJ. El país se encuentra actualmente inmerso en una huelga general convocada por la alianza de siete partidos de la oposición que se ha visto marcada por multitudinarias manifestaciones, algunas de las cuales han concluido con enfrentamientos con las fuerzas del orden en los que ya hay casi una decena de fallecidos.
El rey Gyanendra asumió el poder absoluto el 1 de febrero de 2005 y desde entonces, según estas ONG, tanto él como los responsables y el gobierno que designó, han sido responsables de graves violaciones de Derechos Humanos como detención arbitraria, tortura, maltrato de detenidos, y graves restricciones de la libertad de expresión y asamblea. Además, el Ejército viola el derecho internacional y humanitario en su lucha contra la rebelión maoísta.
Según estas ONG, que emitieron una declaración conjunta, las sanciones deberían aplicarse a "aquellos directamente responsables de fijar o aplicar políticas abusivas". Así, deberían aplicarse al rey Gyanendra; el vicepresidente del Gobierno, Tulsi Giri; el ministro de Interior, Kamal Thapa; el de Justicia, Niranjan Thapa; y el de Información, Srish Shamsher Rana, así como el jefe del Estado Mayor del Ejército, general Pyar Jung Thapa, el inspector general de la Policía, Shyam Bhakta Thapa, y el inspector general de la Fuerza de Policía Armada, Shahabir Thapa.
"El coste humano del conflicto en Nepal ha sido catastrófico, la gente ha sido asesinada o 'desaparecida', las mujeres atacadas y violadas, los niños secuestrados para luchar como soldados y los críticos del régimen encerrados", denunció por su parte la secretaria general de AI, Irene Khan. "El Gobierno del rey Gyanendra parece impermeable al sufrimiento del pueblo. La comunidad internacional debe presionar ahora a través de sanciones selectivas que tendrán un impacto directo en el rey y su cohorte", añadió.
De acuerdo con las tres ONG, estas sanciones sólo deberían levantarse sólo cuando haya pruebas evidentes de que el Gobierno de Nepal está las reclamaciones hechas por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en su resolución de 2005.
"Las sanciones contra el rey y los principales dirigentes responsables de tales violaciones de los Derechos Humanos son necesarias para conseguir que cambien su conducta de abusos", señaló por su parte, el director ejecutivo de HRW, Kenneth Roth. "El Gobierno del rey Gyanendra ha mostrado que sólo responderá a la presión internacional cuando sus intereses estén en juego", opinó.
