MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -
Las autoridades de Nicaragua han vuelto a arremeter este jueves contra el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y han asegurado que el informe sobre la situación que atraviesa el país en materia de libertades individuales es "unilateral, parcializado y carente de objetividad".
"Todo lo cual confirma la politización y manipulación de los Derechos Humanos en este momento de la historia", ha matizado el Gobierno, que ha insistido en que el Consejo ha sido "desacreditado y deslucido".
Así, ha matizado que se trata de "voces desnaturalizadas de los imperios" y ha denunciado el informe como una "agresión" que se suma a la cadena de "agresiones imperiales" sufridas por el país, según informaciones del diario 'La Prensa'.
"Debe someterse a imparcial revisión el funcionamiento de estos organismos que han perdido independencia u objetividad y continúan sirviendo como caja de resonancia de los apetitos y voracidades que fundamentan la agenda política interventora e invasora", ha aseverado la fiscal general del país, Wendy Carolina Morales Urbina.
En este sentido, ha criticado las "prácticas expansionistas en términos de dominio político y asfixia económica impuestas por las potencias imperiales, coloniales y neocoloniales".
Por su parte, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha indicado que la crisis política y de derechos fundamentales en Nicaragua, que comenzó en 2018, se ha visto exacerbada por los daños provocados por la pandemia de coronavirus, así como por el paso de los huracanes 'Eta' e 'Iota'.
En este sentido, ha denunciado que durante los últimos años se han aprobado leyes que constituyen un claro ejemplo de la "restricción del espacio cívico y democrático" en el país.
En total han sido únicamente nueve los países del Consejo que han respaldado al Gobierno del presidente, Daniel Ortega, y han criticado también el informe. Entre ellos se encuentran Venezuela, Rusia, Cuba, Irán, Siria y Sri Lanka, entre otros.
Sin embargo, la mayoría de estados han mostrado su preocupación ante la degradación de la crisis política en el país y la situación de los Derechos Humanos.
