MANAGUA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno del presidente nicaragüense Daniel Ortega quiere comprar la empresa de distribución eléctrica del Pacífico y del centro del país, que está actualmente en manos de Unión Fenosa, según informaron fuentes vinculadas al Ejecutivo del país centroamericano.
El diario nicaragüense 'La Prensa' publica hoy que una delegación de alto nivel de Venezuela ha llegado a Nicaragua a principios de esta semana para analizar las posibles opciones para comprar a la multinacional española una de sus distribuidoras en el país o bien todo su sistema de distribución.
Unión Fenosa cubre su área de concesión por medio de la Distribuidora del Norte (Disnorte) y Distribuidora del Sur (Dissur). No se ha determinado la suma de la oferta que el Gobierno habría preparado para comprar las operaciones de la multinacional en el país.
La eléctrica española compró esas dos distribuidoras por 115 millones de dólares (78,57 millones de euros) en 2001, y desde entonces ha invertido unos 60 millones de dólares (41 millones de euros) más.
Durante la XVII Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno, Daniel Ortega manifestó claramente su intención de comprar las distribuidoras en manos de Unión Fenosa y tras discutir con el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, se giró hacia su colega venezolano, Hugo Chávez a quien dijo que si Nicaragua tuviera "la capacidad económica del hermano pueblo de Venezuela, hace mucho hubiéramos recuperado la distribución eléctrica.
"Hugo (Chávez), hay que ver si en el marco del Alba podemos hacer algo por recuperar la distribución eléctrica en Nicaragua", dijo Ortega.
El citado rotativo asegura que de acuerdo con sus fuentes gubernamentales, la oferta a Unión Fenosa se presentará la próxima semana, a pesar de que aún no se ha resuelto técnicamente cómo mantener el coste de generación de energía, que en la actualidad está por encima del precio por consumo, así como el porcentaje de pérdidas del sistema de distribución por motivos técnicos o en caso de fraude o robo de energía, comunes en el país centroamericano.
El precio estimado para superar esos aspectos supera los 50 millones de dólares anuales (34,15 millones de euros).
Hoy, la viceministra de Energía y Minas de Nicaragua, Lorena Lanzas reiteró la pretensión gubernamental de comprar Unión Fenosa. "Si el Gobierno tuviera el dinero ya para comprar las distribuidoras, ya lo hubiese hecho. Habría que analizar el costo y todas las implicaciones de lo que significa hacerse cargo de la distribución", declaró.
Por su parte, el presidente del Consejo Directivo del Instituto Nicaragüense de Energía (INE), David Castillo, aseguró al diario que desconoce la intención del Gobierno de Ortega de comprar las operaciones de Unión Fenosa para resolver los problemas energéticos del país, aunque reconoció que las negociaciones con la empresa española están estancadas.
"El Gobierno, en asociación con el INE, está buscando una salida a la crisis del sector energético, teniendo como meta el cumplimiento del acuerdo marco que busca estabilizar el sector. Ahora, si el Gobierno quiere comprar la distribuidora eléctrica es algo de lo que no me han informado. Lo que ha pasado es que las negociaciones con Fenosa se han trabado porque ellos han exigido algunas cosas con las tarifas, como que se les reconozca un mayor porcentaje de pérdidas en la tarifa, lo cual ni el INE ni el Gobierno estuvimos dispuestos a aceptar", señaló.
FENOSA QUIERE QUE LA TARIFA RECOJA LOS COSTES.
Finalmente, el portavoz de Unión Fenosa en Nicaragua, Jorge Katín, indicó también que desconoce la intención de compra de sus operaciones en el país por parte del Gobierno e indicó que lo único válido son los acuerdos firmados el pasado 2 de agosto con el ministerio de Energía y Minas en el que se establece la permanencia de la multinacional en Nicaragua.
"Lo que esperamos es que el Gobierno refrende y reafirme esos acuerdos para seguir trabajando juntos en una salida a la crisis del sector energético en el país. Lo único que Fenosa ha pedido en las últimas reuniones es que establezca una fórmula que reconozca el coste real de la tarifa", consideró Katín.
