Muchas mujeres, según la ONG, temen acudir a consulta cuando sufren alguna complicación durante el embarazo
MANAGUA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -
La organización Human Rights Watch denunció hoy que la prohibición del aborto en Nicaragua, aprobada hace casi un año, está provocando un aumento en el número de casos de médicos que se niegan a atender a mujeres con problemas durante su embarazo por temor a ser acusados de practicar un aborto.
Así se desprende de un informe elaborado por la ONG sobre las consecuencias que para los Derechos Humanos tiene dicha prohibición, promulgada en noviembre de 2006 y que, según Human Rights Watch, está teniendo un "impacto devastador" en la salud y las vidas de las mujeres nicaragüenses.
"Algunos atestiguaron que el personal de los hospitales públicos, haciendo referencia directa a la prohibición, negó a mujeres y niñas una atención adecuada después de que tuvieron pérdidas devastadoras", afirmó Angela Heimburger, investigadora de las Américas para la División de Derechos de la Mujer de Human Rights Watch.
Además del aumento de casos de médicos que no atienden a mujeres embarazadas con problemas durante la gestación, la ONG ha detectado también el creciente temor que hay entre las mujeres y niñas a solicitar atención médica por complicaciones durante el embarazo, en especial las hemorragias, por temor a ser imputadas por aborto.
"Todas las mujeres y familiares entrevistadas por Human Rights Watch aseguraron sentir una fuerte angustia en tal sentido", denuncia la ONG, quien también pone de manifiesto el problema que supone para las embarazadas este tema debido a la amplia cobertura de prensa que se está dando a la prohibición del aborto.
PROTOCOLOS OBLIGATORIOS
En diciembre pasado, un mes después de que se promulgara la prohibición del aborto, el Ministerio de Salud difundió detallados protocolos obligatorios sobre la atención de las emergencias obstétricas, incluyendo directrices para el tratamiento médico después de abortos espontáneos o inducidos.
Sin embargo, según Human Rights Watch, funcionarios del Ministerio de Salud admiten haber recibido quejas en los últimos meses sobre retrasos o denegación de servicios de salud a mujeres embarazadas desde que la prohibición fue sancionada por la Asamblea Nacional tras un reñido debate.
Por otra parte, la ONG critica que hasta la fecha el Gobierno de Daniel Ortega no haya analizado los efectos que la prohibición del aborto sobre la salud de las mujeres. "Tampoco parece que hayan investigado ni sancionado a todos los profesionales de la salud que no implementan los protocolos obligatorios", añadió.
Por eso, HRW pidió al presidente Ortega que ayude inmediatamente a mitigar los "desastrosos efectos" de esta prohibición priorizando el acceso de las mujeres embarazadas a atención médica de emergencia. "Tiene que dar a las mujeres la seguridad de que no serán castigadas por tratar de preservar sus vidas", añadió.
El anterior Código Penal permitía el aborto cuando la vida de la mujer estaba en riesgo. "Ahora se les niega intencionalmente acceso a servicios de salud (...) algo incompatible con las obligaciones de Nicaragua de garantizar el derecho de las mujeres a la vida, de conformidad con la legislación internacional", concluyó la ONG.
