Los cortos plazos de tiempo y la dificultad para demostrar una propiedad inmobiliaria causan inquietud en las ONG
BEIRUT, 27 May. (Reuters/EP) -
La llamada Ley Número 10 aprobada por el Gobierno sirio ha causado la alarma en los refugiados sirios y en los países que los albergan. La normativa, que entró en vigor el mes pasado pero todavía no se aplica, propone la devolución a los refugiados de sus propiedades en áreas devastadas por la guerra siempre y cuando demuestren su propiedad. Una labor, según temen ONG, casi imposible en los plazos tan cortos que impone la ley y por las dificultades del papeleo.
Los refugiados se exponen a un grave dilema: volver a casa en un momento en el que el Ejército sirio tiene la iniciativa, pero dista de controlar la situación de seguridad en las zonas, o bien perderlo todo.
"Esta ley va a impedir el retorno de los refugiados si se aplica en zonas antiguamente controladas por la oposición o en aquellas donde los registros de la propiedad inmobiliaria hayan sido destruidos", se lamenta un memorándum de la Unión Europea.
El primer ministro libanés, Saad Hariri, también ha advertido de que la ley "está diciendo realmente a las familias sirias que se queden en Líbano", donde viven un millón de refugiados.
El presidente sirio, Bashar al Assad, asegura que la ley "se ha malinterpretado" por las potencias occidentales para azuzar a la opinión pública contra su Gobierno. "Aquí no se va a desposeer a nadie de nada", aseguró al diario griego 'Kathimerini'. "Primero hace falta un veredicto para ello, aunque seas un terrorista", ha añadido.
Pero los oponentes de Al Assad le acusan de impulsar un "cambio demográfico artificial" dado que los rebeldes que comenzaron oponiéndose a él desde el principio, desde sus propios hogares, jamás podrán volver a recuperarlos. Dado que la ley confisca tierras a quienes no las reclaman, Amnistía Internacional está convencida de que esta normativa está dejando sin tierra y sin hogar a cientos de miles de personas.
LA LEY 10
Esta legislación no es particularmente innovadora. Se ha aplicado en otras zonas de guerra en la región, como por ejemplo en Beirut, al término de los 15 años de guerra civil libanesa en 1990. La idea consiste en reconstruir lo antes posible los territorios destrozados por la guerra para impulsar la economía y cimentar su dominio sobre ellos, en el caso de Al Assad.
Hay que tener en cuenta que las fuerzas del Gobierno sirio controlan ya las principales ciudades del oeste de Siria -- Damasco, Alepo, Hama y Homs --, pero gran parte de ellas se encuentran en ruinas, porque desde ellas comenzó a expandirse el movimiento de oposición.
"Por ello, esta ley podrá convertirse en un instrumento asombrosamente eficaz de ingeniería social: miles de sirios, la mayoría habitantes de esos lugares, van a perder sus casas porque los documentos o se han perdido, o han quedado destruidos", según la investigadora de Amnistía Internacional para Siria Diana Seaman.
El Consejo Noruego para los Refugiados cuenta con porcentajes aproximados: un 67 por ciento de los refugiados que ha entrevistado aseguran contar con un domicilio en Siria, pero solo un 17 por ciento lleva consigo los títulos de propiedad.
CORTO MARGEN DE TIEMPO
Otro gran problema es que los refugiados solo disponen de 30 días exactos para declarar su posesión sobre sus tierras desde que las autoridades de la localidad en cuestión las conviertan en terreno a reconstruir.
Los partidarios del Gobierno aseguran que los propietarios gozan de generosas garantías, dado que pueden resolver la situación a través de un abogado o cualquier otro tipo de poder. El problema es que es imposible comunicar a los refugiados el estatus inmobiliario de su casa y, dado que no tienen los documentos, no pueden demostrar que es suya en tan corto plazo.
Todo ello sin mencionar que los refugiados capacitados para conseguir un abogado necesitan un mínimo de tres meses para conseguir sus servicios, según la ley siria.
El sistema de compensación tampoco está exento de críticas. Un refugiado que entregue voluntariamente su propiedad recibirá a cambio acciones de la compañía de la reconstrucción, pero su valor es insuficiente para costear una nueva vivienda. Además, dado que muchas de las zonas destruidas eran bastiones de la oposición, muchos refugiados temen regresar por miedo a represalias del Gobierno.
La ley también está dirigida a barriadas levantadas sin aprobación del Gobierno. Los propietarios de estos inmuebles no tienen derecho a compensación alguna, solo a su realojamiento en otro lugar por valor equivalente.
