NUEVA YORK, 22 Ene. (EUROPA PRESS/Emilio López Romero) -
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firmará en las próximas horas tres decretos ejecutivos para ordenar el cierre de la cárcel de la base naval de Guantánamo en un plazo de un año y acabar con los controvertidos métodos empleados por la CIA durante la administración Bush, como las torturas a detenidos en los interrogatorios o las cárceles secretas de la CIA.
El primero de los decretos está relacionado con el centro de detención que abrió Estados Unidos después de los atentados terroristas del 11 de septiembre, por donde han pasado centenares de presuntos sospechosos terroristas. El nuevo inquilino de la Casa Blanca se comprometió a lo largo de la campaña electoral a cerrar la prisión.
Obama, que quiere marcar distancias de la forma de ejecutar la "lucha contra el terror" de la anterior administración desde un primer momento, también tiene previsto firmar otro decreto para obligar a la CIA a suspender el uso de torturas durante los interrogatorios a detenidos y otro en el que ordena a los servicios de inteligencia cerrar las cárceles secretas que pueda seguir teniendo.
Aunque el cierre de Guantánamo es una medida esperada por toda la comunidad internacional, especialmente por las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos y los países de la Unión Europea, lo cierto es que los estadounidenses están divididos al respecto, según una encuesta que revela que casi la mitad de la población no comparte la decisión.
En concreto, el 51 por ciento de los estadounidenses ha asegurado apoyar el cierre del centro de detención, donde se estima que quedan unos 245 prisioneros, frente al 47 por ciento que se ha manifestado en contra de su clausura, según la encuesta realizada por Opinión Research Corporation para la cadena CNN.
A la espera de que se haga oficial el anuncio del cierre de la prisión, el presidente Obama ordenó ayer en su primer día en la Casa Blanca que se paralizaran todos los juicios militares abiertos contra prisioneros de Guantánamo durante un plazo de 120 días mientras su administración estudiaba sus casos y tomaba una decisión respecto al cierre de las instalaciones.
