MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -
Una organización no gubernamental de Mauritania ha condenado este martes el uso de la "fuerza bruta" por parte de la Policía contra los manifestantes que se concentraron el lunes frente al Parlamento para reclamar la liberación del activista antiesclavitud Biram Uld Dah Uld Abeid.
La Carta Haratin ha reclamado en un comunicado la "liberación inmediata e incondicional" del activista, detenido hace más de dos meses, al tiempo que ha pedido a los partidos y las organizaciones civiles que "permanezcan unidos ante todas las violaciones de los Derechos Humanos".
Asimismo, ha defendido el derecho a la manifestación pacífica y ha recordado que está contemplado por la Constitución, después de que al menos ocho personas fueran hospitalizadas a causa de la intervención policial, según ha informado el portal local de noticias Sahara Medias.
El diario mauritano 'Al Ajbar' publicó el lunes fotografías de varios heridos a causa de la represión, entre ellos uno de sus fotógrafos, que fue golpeado por la Policía y posteriormente detenido.
Uld Abeid, fundador de movimiento antiesclavitud Iniciativa Resurgimiento del Movimiento Abolicionista (IRA Mauritania) y excandidato a la Presidencia, fue elegido como parlamentario en las elecciones en septiembre. El activista fue detenido en agosto por "incitación a la violencia".
Mauritania, el país con mayor índice de esclavos, se convirtió en marzo en la segunda nación africana en suscribir un tratado de Naciones Unidas para combatir el trabajo forzado y la trata de personas, como parte de una estrategia para redoblar su lucha contra la esclavitud.
La esclavitud es una práctica habitual en Mauritania, donde dicha condición se mantiene de generación en generación. Los haratin conforman la principal "casta esclava".
Estos descendientes de las tribus africanas de etnia negra, asentadas a lo largo del río Senegal, son empleados como pastores de ganado o criados domésticos por sus dueños.
Mauritania penalizó la esclavitud en 2007 y en 2016 elevó la pena a crimen contra la Humanidad, duplicando en 20 los años de prisión para los infractores. No obstante, activistas han indicado que las denuncias no se investigan correctamente y han criticado el encarcelamiento de varios compañeros de filas.
