NUEVA YORK, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -
Múltiples ONG han lamentado la incorporación de países como Bahréin, Filipinas o Eritrea entre los nuevos integrantes del Consejo de Naciones Unidas para los Derechos Humanos al exhibir un pobre registro en la defensa de los derechos y libertades de los individuos.
"Elegir a un régimen como Eritrea para juzgar casos de derechos humanos es como convertir a un pirómano en un jefe de bomberos", ha lamentado el director de la ONG UN Watch, Hiller Neuer.
Los nuevos miembros tendrán un mandato de tres años a partir del 1 de enero de 2019. Los elegidos son Argentina, Austria, Bahamas, Bahréin, Bangladesh, Bulgaria, Burkina Faso, Camerún, República Checa, Dinamarca, Eritrea, Fiyi, India, Itaia, Filipinas, Somalia, Togo y Uruguay. Todos han conseguido el mínimo de 97 votos necesarios para su acceso.
Los países mencionados "violan sistemáticamente los derechos humanos de sus propios ciudadanos y frustran constantemente las iniciativas de las Naciones Unidas para proteger los derechos humanos de los demás", ha añadido.
A sus críticas se ha sumado la ONG Human Rights Watch. "Al presentar entre sus candidatos a estos violadores de los derechos humanos, los diferentes grupos regionales que les nominan corren el riesgo de socavar la credibilidad y la eficacia del consejo", de acuerdo con la nota.
"En un ridículo voto desprovisto de competencia, la Asamblea General de la ONU ha elegido a países como Filipinas, Bahréin o Camerún entre los nuevos miembros del Consejo entre en 2019 y 2021. Tales votos se burlan de la palabra "elección", ha lamentado el responsable de HRW para Naciones Unidas, Louis Charbonneau.
"En Eritrea, las autoridades persiguen y encarcelan a aquellos que son críticos con el Gobierno y fuerzan a los ciudadanos a realizar servicios comunitarios de forma indefinida", ha añadido Charbonneau, que ha denunciado también serias violaciones de los Derechos Humanos en Camerún y Bahréin.
Según HRW, Filipinas atraviesa una crisis en relación con la situación de los Derechos Humanos, la cual podría constituir en determinados casos crímenes de lesa humanidad.
El documento señala que desde que el presidente del país, Rodrigo Duterte, llegó al poder en julio de 2016, más de 12.000 presuntos traficantes de drogas y consumidores han muerto en lo que el Gobierno ha tildado de "operaciones policiales legítimas". Ningún agente ha sido condenado por dichas muertes.
En junio, EEUU su retirada del Consejo de Derechos Humanos, calificando al organismo global como "un sumidero de sesgo político", en particular por su trato a Israel.
De hecho, tras la elección del viernes, la todavía embajadora de Estados Unidos en la ONU, Nikki Haley, dijo que "una vez más" los países con un historial deficiente de derechos humanos siguen sin ser responsabilizados por sus actos.
"Esta falta de estándares continúa minando la organización y demuestra una vez más por qué Estados Unidos tuvo razón al retirarse de ella a principios de este año. Estados Unidos continuará apoyando reformas que hagan creíble al Consejo de Derechos Humanos", ha añadido en comentarios recogidos por la cadena británica BBC.
