MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -
La comisión de investigación de Naciones Unidas sobre Burundi ha acusado este miércoles al ala juvenil del partido gubernamental, conocida como Imbonerakure, de cometer abusos durante la reciente campaña electoral de cara al referéndum celebrado en mayo.
El organismo ha indicado que "desde principios de año ha documentado numerosas violaciones de los Derechos Humanos", entre ellas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzosas y torturas.
Así, ha dicho que estos actos fueron cometidos contra "aquellos que se opusieron a las enmiendas propuesta sa la Constitución, entre ellos miembros e los partidos opositores (...) y en general cualquier persona no alineada con las políticas del Gobierno".
La comisión ha dicho haber recibido informaciones sobre "numerosos arrestos" de personas que abogaron por el 'no' en el referéndum o que se negaron a unirse al partido gubernamental Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia-Fuerzas para la Defensa de la Democracia (CNDD-FDD).
"Las detenciones que siguieron a estos arrestos derivaron en casos de torturas y malos tratos", ha denunciado, antes de desvelar informaciones sobre "personas ejecutadas o secuestradas por ser miembro de partidos opositores o negarse a unirse al partido gubernamental".
"El hecho de que muchas personas desaparecidas no hayan sido localizadas y de que cuerpos no identificados sigan siendo hallados en varias partes del país dan motivos para temer en la continuación de la práctica de deshacerse de los cuerpos de personas arrestadas por policías uniformados o agentes identificados de los servicios de Inteligencia o el Imbonerakure", ha criticado.
En este sentido, ha recalcado que "las violaciones de los Derechos Humanos identificadas por la comisión durante la campaña de referéndum fueron perpetradas principalmente por el Imbonerakure con la complicidad o aprobación de funcionarios estatales".
"La comisión está preocupada por la importancia que el Imbonerakure a adquirido en la maquinaria de represión que se ha desarrollado desde 2015", ha dicho, antes de detallar que "informa a organismos estatales y al CNDD-FDD sobre la presencia de opositores reales o percibidos en cada localidad, acosa, controla e intimida a la población, lleva a cabo operaciones policiales fuera del marco contemplado por la ley, y realiza campañas de reclutamiento forzoso para las filas del CNDD-FDD".
"El espacio democrático y las libertades civiles siguen muy limitadas en Burundi", ha lamentado, antes de resaltar que "es también muy difícil para los medios independientes trabajar en Burundi y sobre Burundi, como ilustra la suspensión de la BBC y Voice of America".
Por ello, ha apuntado que la situación en Burundi sigue siendo "muy alarmante" y ha sostenido que la reciente declaración del presidente, Pierre Nkurunziza, para asegurar que su mandato terminará ne 2020 (...) "no es un compromiso firme y claro a no presentarse como presidente en las próximas elecciones".
LA CRISIS EN BURUNDI
La votación es la culminación de un proceso que comenzó en 2015, cuando Nkurunziza anunció su decisión de optar a un tercer mandato. Sus detractores denunciaron entonces que el Acuerdo de Arusha, que puso fin a la guerra civil en 2000, y la Constitución de 2005 que surgió del mismo limitaban a dos los mandatos, pero el Tribunal Constitucional acabó dándole la razón y el mandatario se impuso en los comicios, boicoteados por la oposición.
Con su decisión, Nkurunziza abrió una crisis política que se mantiene hasta la fecha y desencadenó una ola de violencia y represión que aún no ha cesado. De hecho, Human Rights Watch (HRW) ha denunciado al menos 15 asesinatos y otros abusos durante la campaña electoral para el referéndum por parte de las fuerzas de seguridad y de los miembros de las juventudes del partido gobernante.
El principal cambio refrendado por los votantes, y el más criticado por la oposición y la comunidad internacional, es el que contempla ampliar de cinco a siete los años del mandato presidencial, lo que pondría a cero el contador para Nkurunziza, en el poder desde 2005. Con ello, podría buscar su reelección en 2020 y de nuevo en 2027, por lo que no tendría que dejar el cargo hasta 2034.
Pero además, de prosperar las enmiendas, Nkurunziza podría regresar a la Presidencia en 2041, puesto que el nuevo texto solo impide gozar de más de dos mandatos sucesivos, pero no dice nada de que no sean consecutivos.
Otra de las enmiendas que ha generado más inquietud es la relativa a que para sacar adelante una ley desde ahora será necesaria la mayoría absoluta y no de dos tercios. Este último punto preocupa por el hecho de que el Parlamento está compuesto en un 60 por ciento por hutus y en un 40 por ciento por tutsis, lo que facilitará al partido del presidente --un antiguo líder rebelde hutu-- la adopción de leyes sin contar con la minoría tutsi.
En este mismo sentido, hasta ahora estaba previsto que el presidente contara con dos vicepresidentes que debían proceder de grupos étnicos y partidos distintos. Con los cambios propuestos, se crea la figura de primer ministro y no se prohíbe que sea del mismo partido --y por ende grupo étnico-- que el presidente, además de suprimirse uno de los puestos de vicepresidente.
