9 de diciembre de 2019
19 de noviembre de 2019

La ONU advierte sobre "un renovado intento de sofocar la disidencia" en Nicaragua

La ONU advierte sobre "un renovado intento de sofocar la disidencia" en Nicaragua
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega - REUTERS / OSWALDO RIVAS - ARCHIVO

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha expresado este martes su preocupación por lo que cree que podría ser "un renovado intento de sofocar la disidencia" por parte del Gobierno de Daniel Ortega tras el sitio policial a una iglesia con opositores refugiados y la detención de quienes han tratado de llevarles ayuda humanitaria.

El portavoz de Bachelet, Rupert Colville, se ha referido en rueda de prensa a los hechos que se desencadenaron el pasado 14 de noviembre, cuando ocho familiares de presos políticos se atrincheraron en la Iglesia de San Miguel de Masaya para empezar una huelga de hambre con la que reclaman la liberación de los 130 personas detenidas en el marco de las protestas contra el Gobierno que aún están entre rejas.

"Ese mismo día, se vieron rodeados por la Policía dentro de la iglesia, junto al párroco y otras tres personas. La Policía cortó el agua y la electricidad e impidieron que se entrara en la iglesia", también para entregar suministros básicos, como la insulina para el religioso, que sufre diabetes", ha relatado Colville. Así, trece personas fueron detenidas esa noche por intentar llevar agua a los atrincherados.

Entre los detenidos están las destacadas activistas Olga Valle y Amaya Coppens, una líder estudiantil que ya fue apresada durante la ola de manifestaciones contra Ortega, pasó ocho meses encarcelada y fue liberada el 11 de junio, conforme al acuerdo entre Gobierno y oposición. "Su detención puede ser considerada un acto de represalia por denunciar la situación de los Derechos Humanos en Nicaragua" en instancias internacionales, ha señalado.

Los trece detenidos y otros tres opositores fueron acusados el lunes de tráfico de armas. "Estamos muy preocupados porque estos cargos aparentemente fabricados puedan constituir un renovado intento de sofocar la disidencia", ha alertado el portavoz de Bachelet.

En señal de protesta, el mismo lunes ocho personas, incluido un niño de once años, empezaron una huelga de hambre en la Catedral de Managua para exigir la liberación de todos los detenidos durante las protestas contra el Gobierno. Decenas de simpatizantes de Ortega irrumpieron en el templo religioso horas después y les atacaron con piedras, "con la aquiescencia de los agentes de Policía" que les han rodeado.

Colville ha urgido a las autoridades nicaragüenses a garantizar los derechos de las personas recluidas en la Catedral de Managua, "en particular, absteniéndose de interferir en la provisión de comida, agua y asistencia médica".

"El Gobierno debe poner fin a la persistente represión de la disidencia y al actual patrón de detenciones arbitrarias y abstenerse de criminalizar y atacar a los defensores de los Derechos Humanos, opositores políticos y otras voces críticas", ha reclamado.

Colville ha enfatizado que "todo el mundo debe poder ejercer sus derechos a la libertad de expresión y a la asamblea pacífica sin miedo de ser atacado" o a ser detenido de forma arbitraria.

Además, ha reiterado a Ortega que la ONU "está dispuesta a ayudar al Estado nicaragüense a cumplir sus obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos". Para ello, ha propuesto que una delegación de Naciones Unidas "vuelva al país, si se garantiza el acceso".

Las protestas en Nicaragua comenzaron en abril de 2018 por una polémica reforma de la seguridad social pero crecieron rápidamente hasta reclamar la "democratización" del país. Más de 300 personas murieron por la represión de militares y policías. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos recomendó procesar a Ortega por delitos de lesa humanidas.

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