MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -
El enviado especial de Naciones Unidas para Burundi, Michel Kafando, ha afirmado este lunes que el país no está preparado para celebrar elecciones creíbles en 2020, después de la crisis en 2015 por la decisión del presidente, Pierre Nkurunziza, de presentarse a la reelección.
En declaraciones ante el Consejo de Seguridad de la ONU, Kafando ha indicado que, pese a los avances logrados desde entonces y los esfuerzos para mantener el diálogo político, se siguen registrando violaciones de los Derechos Humanos en el país.
Así, ha manifestado que la situación actual, especialmente tras la decisión del Gobierno de revisar la Constitución, hace pensar que el contexto no será el adecuado para garantizar que las próximas elecciones sean creíbles.
Kafando ha indicado que cerca del 25 por ciento de la población se encuentra en situación de inseguridad alimentaria, mientras que el número de personas que necesitan ayuda humanitaria se ha triplicado durante los últimos tres años.
En este sentido, ha sostenido que la situación económica se ha deteriorado en un momento en el que miles de refugiados han empezado a volver a sus viviendas tras escapar del conflicto desatado en 2015.
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) afirmó el 6 de febrero que la situación en Burundi corre el riesgo de convertirse en una "crisis olvidada", al tiempo que señaló que la ayuda entregada no sirve para cubrir los "estándares humanitarios aceptables".
El organismo, junto a 26 socios humanitarios, solicitó 391 millones de dólares (alrededor de 315 millones de euros) para un plan de respuesta destinado a entregar ayuda a 430.000 personas durante este año.
Desde 2015, más de 400.000 refugiados y solicitantes de asilo han abandonado el país huyendo del conflicto, los abusos de los Derechos Humanos y el deterioro de la situación humanitaria.
El país africano está envuelto en una crisis política desde que Nkurunziza decidiera en 2015 presentarse a un controvertido tercer mandato, algo que la oposición criticó como inconstitucional.
La oposición aseguró que su reelección violaba los términos del acuerdo de paz que se firmó en 2005 tras doce años de guerra civil. Este acuerdo de paz incluía reformas en el Ejército, que fue absorbido por los rebeldes, de mayoría hutu, y que había sido dirigido por la minoría tutsi.
El Gobierno insiste en que no hay preferencias étnicas, pero sus oponentes aseguran que los distritos de Buyumbura en donde viven la mayoría de los tutsi, que también han sido un semillero de protestas contra Nkurunziza, han sido objetivos de varios ataques.
Las autoridades burundesas han acusado en reiteradas ocasiones en los últimos meses a la ONU de tomar partido y denunciar de forma interesada los supuestos abusos cometidos por el partido gobernante y las fuerzas de seguridad.
