GINEBRA, 11 Mar. (EP/AP) -
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, no reconocido por el Gobierno estadounidense y rechazado por los únicos dos países que ha buscado examinar, comienza mañana la primera de sus tres semanas de sesiones del año mientras aún intenta fijar las normativas para combatir atrocidades, un año después de haber sido creado por la Asamblea General, bajo fuertes criticadas por parte de Israel y Sudán.
Algunos de los países miembro, entre ellos China, Rusia y Cuba, se niegan a ser examinados, mientras que otras naciones intentan que todos se hagan responsables frente a los estándares más elevados de derechos humanos. "No ha tenido un buen comienzo, no hay dudas de eso", expresó Peter Splinter, de Amnistía Internacional.
La idea era reemplazar a la Comisión de Derechos Humanos, muy politizada, con un nuevo organismo que pudiera excluir como miembros a algunos de los países que más transgreden los derechos humanos, y extender su trabajo de una sesión anual de seis semanas a numerosos encuentros durante todo el año.
En junio vence el plazo para fijar las normativas, pero aún no se ha definido si el consejo continuará elaborando informes sobre países individuales, como lo hacía la comisión.
China recibió con tal molestia el hecho de haber sido señalada como una nación transgresora de derechos humanos, que persuadió a la mayoría de los miembros de la comisión a aprobar una moción de "no acción" cada vez que occidente proponía una resolución que condenaba sus abusos.
Pero el Consejo ha continuado con una de las tradiciones de la comisión, poniendo mucho más énfasis en Israel que en cualquier otro país. Un reciente informe de uno de sus expertos comparó las políticas israelíes en los territorios palestinos que el Apartheid en Sudáfrica.
El Gobierno del presidente estadounidense George W. Bush dijo esta semana que se abstendrá de buscar un lugar en el Consejo por segundo año, objetando la fuerte atención que se le ha prestado a Israel.
Estados Unidos fue uno de los cuatro países que votó en contra de la mayoría de 170 naciones que creó el Consejo el año pasado. Los cuatro miembros de su delegación solo son observadores y tienen menos derechos para hablar que los miembros del Consejo.
Una censura del Consejo no penaliza a los países que transgreden los derechos humanos, sino que solamente incrementa la atención internacional que recae sobre ellos. Sin embargo, las naciones intentan por todos los medios evitar ser examinadas.
