MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -
Tres de cada diez detenidos bajo custodia de las fuerzas de seguridad afganas han sido víctimas de torturas o malos tratos, según un informe de la ONU que detecta un descenso en el número de casos desde el año 2016 pero que aún no confirma una tendencia "suficientemente significativa" como para dar por superados los abusos generalizados.
El informe, elaborado por la misión de la ONU en Afganistán y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, se ha elaborado a partir de 618 entrevistas a detenidos en 77 instalaciones de 28 de las provincias. La encuesta fue realizada entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2018 y ve la luz coincidiendo con el primer aniversario de la adhesión de Afganistán al Protocolo de la Convención contra la Tortura.
Un 32 por ciento de las personas bajo custodia de las Fuerzas de Defensa y Seguridad denunció que había sufrido torturas o malos tratos, siete puntos menos que en el anterior periodo analizado --entre enero de 2015 y diciembre de 2016--. La tendencia se hizo especialmente palpable en 2018, según un comunicado del Alto Comisionado.
En las instalaciones de la Dirección Nacional de Seguridad (DNS), los servicios de Inteligencia afganos, la prevalencia de la tortura pasó del 29 por ciento al 19 por ciento en 2018, mientras que entre los sospechosos bajo custodia de la Policía Nacional los casos detectados han pasado del 45 al 31 por ciento.
Sobre los métodos utilizados, las palizas es el más común, mientras que en relación a los motivos, la mayoría de los detenidos han asegurado que sufrieron los funcionarios les torturaron para que confesaran supuestos delitos y que los abusos concluyeron una vez obtenida dicha confesión.
La ONU ha detectado grandes diferencias en función del lugar en el que se encuentren las instalaciones analizadas, ya que la media del 31 por ciento correspondiente a la Policía oculta datos como el 77 por ciento en el caso de Kandahar. En el caso de la Dirección Nacional de Seguridad, los peores datos se registran en las provincias de Jabul, Jost y Samangan.
ALENTADOR, PERO INSUFICIENTE
Aunque la ONU ve alentadora la mejora de los datos en este último estudio, también apunta que "el descenso en el uso de la tortura y el maltrato no es aún suficientemente significativo como para indicar que las medidas adoptadas sean suficientes".
El enviado especial de la ONU para Afganistán, Tadamichi Yamamoto, ha aplaudido los pasos dados por el Gobierno para prevenir e investigar los pasos, pero ha advertido de que "queda mucho camino por recorrer". "Respetar el estado de Derecho y los Derechos Humanos es la mejor forma de crear las condiciones para una paz sostenible", ha reclamado.
También comparte este análisis la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que ha instado al Gobierno a trabajar "rápidamente" para crear un mecanismo nacional de prevención que permita un examen "independiente" e "imparcial" del trato que reciben las personas bajo custodia de las fuerzas de seguridad.
