MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -
La ONU insta al Gobierno de Honduras y a empresas nacionales e internacionales a asumir la responsabilidad de asegurar a las personas que sus garantías fundamentales serán protegidas cuando se lleven a cabo proyectos que toquen a sus comunidades.
Una delegación de Naciones Unidas ha visitado el país centroamericano y ha recomendado a las autoridades hondureñas que profundicen en las causas de los conflictos sociales y hagan un esfuerzo por comprender la desconfianza de la ciudadanía en la capacidad de las instituciones para así promover una economía justa e inclusiva.
Asimismo, esta delegación ha subrayado que el Gobierno y las empresas tienen que proteger y respetar plenamente los Derechos Humanos de todas las personas afectadas por proyectos de desarrollo para evitar conflictos.
"La mayoría de los conflictos relacionados con las inversiones a gran escala son el resultado de la falta sistemática de transparencia y de participación significativa de las comunidades afectadas", según los expertos que han visitado Honduras.
En este sentido, Anita Ramasastry, miembro de este grupo de trabajo, ha afirmado al presentar un informe sobre la visita, que "el derecho de las personas y comunidades afectadas a participar en la toma de decisiones desde una etapa temprana es un requisito básico para crear un entorno propicio para una conducta empresarial responsable."
"El Estado y las empresas deben darse cuenta de que escuchar todas las voces ayuda a identificar, mitigar y abordar las quejas antes de que se conviertan en conflictos", ha añadido.
Por otra parte han pedido al Congreso hondureño que elabore "urgentemente" una ley sobre el consentimiento libre, previo e informado y la consulta de los pueblos indígenas y otras comunidades. "La práctica de la socialización de los proyectos no equivale a una consulta significativa", ha añadido Ramasastry.
En esta misma línea, el grupo de trabajo ha recordado que las empresas tienen la responsabilidad de respetar los Derechos Humanos, incluso en el contexto de instituciones débiles.
"En los países donde la capacidad o la voluntad de las instituciones del Estado para proteger a las personas de los impactos negativos de las inversiones y las operaciones empresariales es limitada, las empresas deben actuar con sumo cuidado y ejercer la debida diligencia correspondiente para asegurarse de que no causan, contribuyen o se vinculan con abusos a los derechos humanos", ha destacado, Dante Pesce, otro miembro de la delegación.
En su opinión, las empresas y los inversionistas se benefician de la corrupción y descuidan su responsabilidad de respetar los Derechos Humanos.
DEFENSORES DE LOS DERECHOS DE LOS GRUPOS INDÍGENAS
Por otra parte, la ONU ha manifestado su preocupación por los riesgos a los que se enfrentan los defensores del medio ambiente y de los derechos de los pueblos indígenas.
"El Estado debe actuar ahora para poner fin a los ataques recurrentes, el hostigamiento y la intimidación de los defensores de los Derechos Humanos, los dirigentes sindicales, los pueblos indígenas y los representantes de las comunidades que denuncian las violaciones de las garantías fundamentales relacionadas con la actividad empresarial y los proyectos de desarrollo a gran escala", han apuntado.
Ante esta situación, el grupo ha abogado por la derogación inmediata de las disposiciones del nuevo proyecto de Código Penal destinadas a penalizar la disidencia y a silenciar a quienes defienden a las víctimas de abusos, al tiempo que se reducen las penas por fraude y corrupción.
Además consideran que es "esencial garantizar la independencia del sistema judicial para fortalecer la rendición de cuentas y el acceso a recursos para las víctimas de abusos de los Derechos Humanos por parte de las empresas". El grupo de trabajo presentará un informe final con recomendaciones ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio de 2020.
