La vicepresitanta pide un TPI "universal" tanto en el ámbito geográfico como en el jurisdiccional
NUEVA YORK, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -
La vicepresidenta primera el Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, expresó hoy el "firme apoyo" de España al Tribunal Penal Internacional (TPI) por considerar que es una "obligación moral" hacia las víctimas y una apuesta por "un mundo más justo para las generaciones venideras". Asimismo, abogó por "avanzar" hacia un TPI "universal" tanto en lo que se refiere al ámbito geográfico como a su ámbito jurisdiccional.
"España está firmemente comprometida en la lucha contra la impunidad", afirmó De la Vega durante su discurso con motivo de la sexta sesión de la Asamblea de Estados Parte del TPI, celebrada hoy en Nueva York.
"Por ello, reitero el apoyo del Gobierno de España a favor de la Corte Penal Internacional, de su universalidad y de la integridad del Estatuto", declaró. "Es nuestra obligación moral, se lo debemos a las víctimas, como esperanza de un mundo más justo para las generaciones venideras", añadió.
"El firme apoyo de España a la Corte y a uno de sus ejes, la complementariedad con las jurisdicciones nacionales, está en la esencia de nuestro compromiso con la jurisdicción universal, como establece nuestra propia Ley Orgánica del Poder Judicial", prosiguió. "Compromiso que también manifestamos con el apoyo a instituciones como la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala", añadió.
La vicepresidenta reiteró también la voluntad del Gobierno español "de cooperar con la Corte en el desempeño eficaz de sus funciones" y, en este sentido, anunció que España ha iniciado el procedimiento de ratificación del Acuerdo de Inmunidades y Privilegios, que espera "concluir con la mayor brevedad".
"Nuestro compromiso se manifiesta muy particularmente con las víctimas a través del apoyo al Fondo Fiduciario de las Víctimas", aseguró. "Este año nuestra aportación es de 60.000 euros, en 2006 fue de 50.000, y nos comprometemos a continuar realizando aportaciones de manera sistemática en el futuro", prosiguió.
"PIEZA FUNDAMENTAL"
De la Vega destacó que en sus cinco años de funcionamiento el TPI se ha convertido en una "pieza fundamental de garantía de la efectiva observancia de las normas más fundamentales que garantizan la convivencia pacífica basada en el respeto de los derechos inalienables inherentes a toda persona".
"Somos conscientes de que la Corte no es una panacea", admitió. "No acabará con las guerras ni mucho menos con las causas que las originan", prosiguió. "Pero es un instrumento crucial para la disuasión de los crímenes más repugnantes que demasiadas veces en la historia de la humanidad se han beneficiado de la impunidad", declaró De la Vega. "Ahora bien", advirtió, para que el TPI "sea eficaz resulta ineludible que tenga credibilidad, y la credibilidad va ligada a su capacidad para lograr hacer cumplir sus resoluciones".
A juicio de la vicepresidenta, actualmente se vive "un momento de consolidación" del TPI y de reforzamiento "de la jurisdicción penal internacional". En este sentido, destacó algunos avances "significativos" alcanzados este año en relación con las investigaciones y procedimientos judiciales en Darfur, en la Republica Democrática del Congo o con la nueva investigación en la República Centro Africana, y valoró las decisiones del Tribunal "a favor del derecho de las víctimas a participar en el procedimiento judicial, como en el caso de Uganda".
La vicepresidenta celebró también la ampliación del ámbito geográfico. "Con la reciente incorporación de Japón, hecho por el que nos felicitamos, constituimos ya la impresionante cifra de 105 Estados Parte". No obstante, advirtió de la necesidad de "avanzar hasta lograr una Corte universal, tanto en relación a su ámbito geográfico, cuyos desequilibrios en algunos continentes es urgente corregir, como en relación con su ámbito jurisdiccional".
"Igualmente para lograr que funcione con eficacia el sistema penal internacional, debemos seguir profundizando hacia una cooperación más intensa de los Estados con la Corte", prosiguió. "El Gobierno de España, al que me honro en representar, está firmemente comprometido en la consecución de ambos objetivos", agregó.
Según De la Vega, "la realización del ideal de una justicia global es una tarea necesariamente cooperativa a la que todos estamos obligados, los Estados pero también las organizaciones regionales e internacionales destinadas al objetivo de la paz internacional".
"Así lo expresa el Estatuto de Roma y así debemos reiterarlo ante cualquier conducta obstructiva", aseveró. "Por ello, el Gobierno de España comparte plenamente la posición de la Unión Europea que urge al Gobierno de Sudán a que cumpla la resolución 1593 del Consejo de Seguridad y preste toda la cooperación que le sea requerida por la Corte", agregó.
