MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu continuará tramitando la causa iniciada contra siete responsables militares de Israel, entre ellos el ex ministro de Defensa Benjamin Ben-Eliezer, por un bombardeo perpetrado por el Ejército hebreo en un barrio de la Franja de Gaza el 22 de julio de 2002 en el que murieron 14 civiles, al considerar que la documentación sobre el ataque remitida por el Estado de Israel reconoce que no se produjo ninguna investigación penal sobre los hechos en el Estado hebreo, informaron fuentes jurídicas
El magistrado recibió la pasada semana una copia de la documentación traducida al castellano y remitida por la Embajada de Israel. Según se desprende de su estudio, el Tribunal Supremo israelí no inició ninguna investigación al considerar que la acción fue preventiva y los daños colaterales provocados estaban justificados.
De hecho, explica la documentación, el fiscal general de Israel no instó en ningún momento al alto tribunal la apertura de una investigación. No obstante, varios civiles afectados e incluso algunos de los pilotos de los bombarderos encargados del ataque reclamaron ante esta instancia que se indagaran los hechos, indicaron estas fuentes.
Estas peticiones provocaron que el Gobierno israelí creara una comisión de investigación formada por ex militares y expertos que concluyó que la instrucción sobre el ataque no estaba justificada y cumplía la legislación del Estado hebreo. Las conclusiones de esta comisión fueron admitidas por el alto tribunal hebreo, que archivó el asunto.
Los documentos desvelan, además, que las reclamaciones civiles cursadas por los afectados para intentar conseguir una compensación económica por los daños provocados en sus viviendas fueron rechazadas en su totalidad.
TRADUCCIÓN NO OFICIAL
La copia del informe remitida por la Embajada de Israel no se considera oficial dado que los servicios de traducción de la Audiencia Nacional continúan aún con la cumplimentación de su propio documento en castellano, que aún no está listo y que tardará aún unos meses.
El juez recibió la documentación original vía diplomática el pasado mes de febrero. Los papeles incluían datos sobre el bombardeo en inglés y en hebreo. "Se trata de un paquete cerrado con documentos judiciales del Ministerio de Justicia de Israel solicitados por la Audiencia Nacional", explicó entonces un portavoz de la Embajada israelí, Edwin Yabo, quien aseguró que había datos "suficientes para que el juez archive el proceso".
El magistrado, que admitió a trámite la querella el 29 de enero, imputa indiciariamente a los siete acusados un delito contra la humanidad. Andreu asume la competencia de la causa en función de lo señalado en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que regula que España puede investigar el genocidio, el terrorismo y los delitos contra las personas cometidos en conflictos armados, bien se sucedan en su territorio o fuera de él.
La querella, que fue presentada por el Centro Palestino para los Derechos Humanos en representación de seis familiares de los palestinos asesinados, involucraba también en los hechos al entonces primer ministro de Israel Ariel Sharon, en coma profundo desde el año 2005.
COMISIÓN ROGATORIA
Andreu cursará en los próximos días dos comisiones rogatorias a Israel y los territorios palestinos, la primera de ellas para comunicar el procesamiento a los siete responsables militares y la segunda para desplazarse personalmente a la Franja para interrogar a los testigos y los familiares de las víctimas. Hasta el momento Israel no ha contestado a la comunicación emitida por el magistrado.
Concretamente, la Audiencia Nacional investigará, además de al ex ministro de Defensa Ben-Eliezer, al comandante de las Fuerzas Aéreas israelíes en el momento de los hechos Dan Halutz; al general encargado del mando Sur de las Fuerzas de Defensa israelíes, Doron Almog; al presidente del Consejo Nacional de Seguridad y asesor nacional de seguridad, Giora Eiland; al secretario militar del ministro de Defensa, Michael Herzog; al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel Moshe Ya'Alon y al director del servicio general del seguridad, Abraham Dichter.
El ataque se produjo contra el barrio de Al Daraj de la ciudad de Gaza cerca de las doce de las noche. Un avión de combate F-16 lanzó una bomba de una tonelada contra la casa de Salah Shehadeh, sospechoso de ser uno de los comandantes de Hamás, con el objetivo de asesinarlo. La vivienda fue alcanzada directamente por la bomba "en una de los lugares residenciales de mayor densidad de población del mundo" --sólo en la Franja viven un millón y medio de personas--, explica el juez en su auto, hecho público hoy.
La casa se encontraba a menos de dos metros de la de la familia Mattar lo que provocó que esta vivienda también fuese destruida y que siete miembros de sus miembros resultaran muertos tras el ataque. Como consecuencia de la explosión, murieron un total de 15 personas, la mayoría niños y bebés, 150 fueron heridas, ocho casas de los alrededores fueron destruidas, nueve recibieron daños de gravedad y 21 daños moderados.
"ATAQUE DESPROPORCIONADO"
El juez Andreu califica aquel ataque como "claramente desproporcionado y excesivo" y advierte de que si en el curso de la investigación, las pruebas demuestran que la acción respondía a "una estrategia preconcebida o predeterminada" por parte de Israel, la Justicia española podría calificar los hechos de una forma "más grave de la que inicialmente puede considerarse".
