9 de diciembre de 2019
  • Domingo, 8 de Diciembre
  • 2 de febrero de 2009

    O.Próximo.- La Fiscalía israelí se reúne hoy con los siete altos mandos encausados por la Audiencia Nacional

    JERUSALÉN, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

    El fiscal jefe de Israel, Moshe Lador, se reunirá hoy con los siete altos y ex altos cargos del Gobierno y el Ejército israelí encausados la semana pasada por el juez de la Audiencia Nacional española Fernando Andreu por presuntos crímenes de guerra cometidos en 2002 en la ciudad de Gaza, según informó el diario israelí 'Haaretz'.

    Lador se entrevistará con el ministro de Infraestructuras y ex ministro de Defensa, Benjamín Ben Eliezer; el diputado y director del Servicio General de Seguridad, Avi Dichter; el antiguo comandante de las fuerzas aéreas israelíes, general Dan Halutz; el actual jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, Moshe Yaalon; el ex comandante del Mando Sur, Doron Almog: el ex director del Consejo Nacional de Seguridad, Giora Eiland; y con el actual enlace del Ministerio de Defensa con el Ejército, Mike Herzog.

    La semana pasada, el juez Andreu admitió a trámite una querella dirigida contra siete responsables militares israelíes por un bombardeo perpetrado en un barrio de la Franja de Gaza el 22 de julio de 2002 en el que murieron 14 civiles, la mayoría de ellos niños.

    El ataque se produjo en el barrio de Al Daraj de la ciudad de Gaza cerca de las doce de las noche. Un avión de combate F-16 lanzó una bomba de una tonelada contra la casa de Salah Shehadeh, supuesto comandante de Hamás, con el objetivo de asesinarlo. La vivienda fue alcanzada directamente por la bomba "en uno de los lugares residenciales de mayor densidad de población del mundo", según se lee en el auto del juez Fernando Andreu, de la Audiencia Nacional, hecho público el pasado jueves.

    La casa se encontraba a menos de dos metros de la de la familia Mattar, lo que provocó que esta vivienda también fuese destruida y que siete miembros de sus miembros resultaran muertos tras el ataque. Como consecuencia de la explosión, murieron un total de 15 personas, la mayoría niños y bebés. Fernando Andreu ha imputado indiciariamente un delito contra la Humanidad y ha afirmado que aquel ataque fue "claramente desproporcionado y excesivo".